Luego de ser excarcelado el pasado 20 de diciembre, al presidente de la organización Súmate, Roberto Abdul, el tribunal cuarto de control de Caracas con competencia en terrorismo dictó en su contra una medida de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país, según informó su abogado, Omar Mora Tosta.
El abogado penalista Omar Mora Tosta acompañó el lunes 15 de enero a varios integrantes del equipo de Vente, partido de María Corina Machado a los tribunales, donde se les impuso como medida cautelar presentarse cada 15 días por delitos relacionados con una supuesta conspiración.
Los imputados son Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela; Pedro Urruchurtu, Coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela; Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela; y Roberto Abdul, cofundador de la ONG Súmate.
El fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, acusó a los cuatro de formar parte de los operadores políticos afines a Guyana.
El abogado Mora Tosta calificó la acusación como “descabellada” y “muestra de un nuevo episodio de la persecución en contra de estas personas”.
En una entrevista concedida a VPITV, el abogado enfatizó que la supuesta conspiración no tiene fundamentos y espera que la causa sea sobreseída en la audiencia preliminar, cuya fecha aún se desconoce.
El caso de Abdul ha generado alarma, especialmente por las circunstancias de su detención el 6 de diciembre. Según el letrado, Abdul fue víctima de una desaparición forzada, ya que fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin una investigación previa que justificara la medida. Durante el proceso, ni sus abogados ni sus familiares tuvieron información sobre su paradero.
La situación legal de Abdul añade más tensión al ya complejo escenario político venezolano. Las medidas cautelares impuestas permiten que Abdul continúe con su vida normal, pero bajo la condición de presentarse periódicamente ante los tribunales. Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan los activistas y miembros de la sociedad civil en Venezuela, en un contexto de acusaciones y medidas judiciales que muchos consideran parte de una estrategia de represión política.
La noche del pasado 6 de diciembre, María Eugenia Abad, esposa del presidente de Súmate, Roberto Abdul denunció que se llevó a cabo en la sede de Sebin Helicoide una supuesta audiencia de presentación en la que el también miembro de la Comisión Nacional de Primaria, quedó privado de libertad por traición a la patria, asociación para delinquir, legitimación de capitales y conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
A Roberto Abdul se le imputaron los delitos de asociación para delinquir, traición a la patria, legitimación de capitales y conspiracion. Se le confirmó la medida preventiva privativa de libertad.
El 20 de diciembre Abdul fue liberado como parte de los acuerdos entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela.