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Universidades, sociedades científicas, exministros de Salud y diversas organizaciones denunciaron el ingreso de medicamentos no registrados en Venezuela y alertaron sobre el riesgo de tener fármacos inseguros, inefectivos y de baja calidad en el mercado nacional. 

A través de una declaración con motivo del cierre de las Jornadas Venezolanas sobre Medicamentos Seguros, Efectivos, Asequibles y de Calidad, los participantes advirtieron sobre la disminución de las labores regulatorias en el país y sobre las contradicciones entre diversos documentos oficiales. 

Según los firmantes, entre los cuales destacan la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven) y la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), las políticas y estrategias de la administración de Nicolás Maduro han «debilitado las funciones regulatorias» asignadas al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en particular las labores de registro y autorización de comercialización, vigilancia y control del mercado, concesión de licencia a establecimientos e inspección regulatoria.

Igualmente se refirieron a la resolución 075 de abril de 2019, que autorizó el ingreso de medicamentos no registrados en el país para su comercialización y distribución en la red pública y privada mediante un permiso sanitario especial para importación y comercialización. 

«En el marco de la situación que describimos, se multiplica el riesgo de la presencia en el mercado nacional de medicamentos inseguros, inefectivos y de baja calidad que se comercializan, expenden y dispensan, en franca violación al ordenamiento jurídico», destacaron en el comunicado. 

Cumplir la legislación

Además, aseguraron que se han puesto en marcha programas que desacatan la legislación existente, como el caso del «Sistema Unificado de Atención Farmacéutica», adscrito al Ministerio de Comercio Nacional.

De igual forma, señalaron al Poder Ejecutivo Nacional como el poder público con mayor responsabilidad en la vulneración del derecho de la población a tener medicamentos seguros.

«La importación de medicamentos sin registro y la puesta en marcha del denominado Sistema Unificado de Atención Farmacéutica no son buenas señales de una política en defensa de medicamentos seguros, efectivos, asequibles y de calidad», resaltó el comunicado. 

Asimismo, señalaron al Poder Legislativo por no ejercer funciones contraloras sobre el gobierno y la administración pública nacional, y rechazaron la inacción del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

Los participantes de las jornadas, realizadas a propósito del Día Mundial de Seguridad del Paciente, exhortaron a los poderes públicos a cumplir con el ordenamiento jurídico e instaron a las universidades a pronunciarse sobre la situación.