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Por lo menos 831 personas fallecieron por complicaciones relacionadas con el sida en Venezuela entre enero de 2021 y abril de 2022, reveló el más reciente informe coordinado por la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) y Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi).  

Según el reporte «VIH en Venezuela, un asunto en estado de emergencia», que incluye los resultados del monitoreo comunitario realizado en 20 estados del país, en promedio murieron 52 personas a causa del sida cada mes en el país en el período evaluado. 

Las organizaciones destacan que los fallecimientos por esta causa no siempre son debidamente reportados en las actas de defunción: el personal de salud solo indica las comorbilidades asociadas con la etapa más avanzada de la infección por VIH (como tuberculosis) y algunos familiares piden no mencionar la palabra «sida» al alegar que pueden ser víctimas de discriminación y estigmatización en su entorno. 

Igualmente destacaron que entre los fallecidos, 124 murieron por COVID-19. De acuerdo con los reportes comunitarios, algunas de estas personas no estaban tomando la terapia antirretroviral.

Hay tratamiento, pero la entrega es irregular

Las autoridades sanitarias venezolanas dejaron de comprar antirretrovirales en 2016 y, en la actualidad, el tratamiento depende de recursos donados por el Fondo Mundial, con los cuales se adquiere principalmente el antirretroviral Tenofovir + Lamivudine + Dolutegravir (TLD). 

El reporte detalló que la cobertura del tratamiento alcanzó 58% en 2021, el nivel que tenía el país en 2010. 

Señalaron que más de 55.000 personas con VIH pudieron salvar sus vidas en Venezuela gracias a la cooperación internacional con el ingreso del TLD. Sin embargo, las organizaciones destacan que el logro está en situación de fragilidad por el deterioro de las capacidades del país, lo que impide responder adecuadamente a las necesidades de las personas con VIH. 

El monitoreo igualmente identificó desorganización y falta de planificación por parte del Ministerio de Salud en el proceso de distribución del tratamiento, pues se registró el envío de cantidades incompletas de antirretrovirales a algunos estados y la distribución de medicinas vencidas en otros.

«Además, no entregaron documentos expedidos por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel que manifestaran que los antirretrovirales vencidos supuestamente estaban aptos para el consumo humano, según lo establecido en la Ley de Medicamentos 46 vigente», alertaron las organizaciones 

También dijeron que más de 5.300 personas obtuvieron resultados positivos en sus pruebas de detección de VIH en el período evaluado, de las cuales un 20% no recibió tratamiento de manera inmediata o antes de la primera semana debido a burocracia y dificultades en el sistema público de salud, o por falta de recursos para trasladarse a buscar el medicamento. 

Entre octubre de 2021 y abril de 2022 se registró 57,7% de desabastecimiento de antirretrovirales distintos al TLD para adultos, mientras que en el caso de los niños, el promedio de desabastecimiento superó el 67%. 

Necesidades de atención 

De acuerdo con el monitoreo, 57 mujeres embarazadas con VIH fueron obligadas a parir en el contexto del sistema público sanitario en Venezuela en el período evaluado, situación que contradice las recomendaciones internacionales y nacionales para prevenir la transmisión perinatal del VIH.

«Otras situaciones que afectaron a un número importante de mujeres embarazadas con VIH justo en el trabajo de parto fue la exigencia de kits de bioseguridad por parte del personal médico para que ellos aceptaran ofrecerles atención clínica», indicaron las organizaciones al destacar que en el país está prohibido exigir los kits de bioseguridad para brindar atención. 

Desde 2016 el Programa Nacional de Sida en Venezuela tampoco adquiere fórmulas lácteas para bebés con VIH o expuestos al VIH. En el presente solo han podido entregarse fórmulas con apoyo de la organización Aid for Aids. 

Accsi y la RVG+ informaron que 9.244 personas con VIH manifestaron haber tenido hambre al menos una vez al mes en el período evaluado, lo que indica que se quedaron sin alimentos, o pasaron un día o más sin comer o no tuvieron suficiente dinero u otros medios para acceder a alimentos. 

Ambas organizaciones llamaron a las autoridades a implementar políticas que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición a todas las personas con VIH en Venezuela, lo que evitará riesgos y amenazas a sus vidas.

Lea más en: Venezolano con VIH privado de libertad recibe medidas cautelares de la Cidh

Más pruebas y coordinación

Las pruebas de conteo de CD4/CD8 (subpoblación de linfocitaria) tampoco estuvieron disponibles en el sistema público sanitario, mientras que en el sector privado el examen puede costar entre 35 y 75 dólares. 

Entre enero 2021 y abril de 2022, la evaluación comunitaria también reportó la ausencia de la prueba de detección del VIH en la red pública sanitaria. Las que se consiguen han llegado por la cooperación internacional.

Además, las pruebas de carga viral dejaron de estar ampliamente disponibles en el sector público en 2016. Desde 2020 solo llegaron reactivos por donaciones del Fondo Mundial y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) e inicialmente solo estuvieron disponibles en un laboratorio. 

Las organizaciones exhortaron al gobierno de Venezuela a asumir el compromiso político con la respuesta nacional frente al VIH/sida, partiendo «con urgencia» en el fortalecimiento del Programa Nacional de Sida y las 24 Coordinaciones Regionales.

Igualmente piden establecer un «diálogo constructivo» con la sociedad civil, sociedades médicas y científicas, universidades, sector privado, organismos de cooperación y otros actores clave involucrados para elaborar de forma colectiva una política estratégica en materia de VIH y sida actualizada en materia de prevención, atención, tratamientos y vigilancia epidemiológica desde la perspectiva de los derechos humanos y género. 

Vea el informe completo aquí