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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a un venezolano privado de libertad que vive con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y sin acceso a tratamiento médico, por considerar que está en riesgo de sufrir un daño irreparable.

Defiende Venezuela, la organización no gubernamental solicitante de las medidas, informó que se trata de una persona detenida desde 2020 en el centro preventivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Plaza de Toros en Valencia, estado Carabobo, diagnosticada con VIH en 2012 y que ya ha empezado a presentar síntomas de sida. 

Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó este 21 de octubre que el beneficiario de la medida (identificado como C.A.Z.S. en la resolución de la Cidh) no ha podido acceder a los medicamentos antirretrovirales que necesita desde el momento de su arresto.

Además, el Estado no le ha garantizado atención médica y su caso sufre retardo procesal, lo que ha empeorado su salud y puesto su vida en riesgo. 

«No ha tenido acceso a sol, agua potable, baño higiénico. Al contrario, ha sufrido discriminación dentro del centro preventivo en el Cicpc de Plaza de Toros de Valencia porque es portador del virus y tanto los oficiales que custodian, como los otros privados de libertad, lo han discriminado», dijo Monsalve en una rueda de prensa. «Puede fallecer por no tener atención médica». 

Se niegan a trasladarlo a un hospital

Monsalve destacó que se han hecho siete solicitudes de traslado a un centro de salud para su evaluación médica y, pese a que el tribunal acuerda el traslado, el centro de detención no lo ejecuta. Igualmente, informó que el equipo de Defiende Venezuela viajó hasta Valencia para documentar su situación, pero le prohibieron el ingreso. 

De acuerdo con el representante, la Cidh considera que negarle acceso a la salud a una persona privada de libertad es una forma de trato cruel o degradante que puede representar una manera de tortura.

Expuesto a más enfermedades

Juan Rodrigues, abogado de la Unidad de Exigibilidad de la organización Acción Solidaria, afirmó que las condiciones de hacinamiento en los centros preventivos y en las cárceles favorecen la proliferación de tuberculosis, mientras que la falta de alimentación adecuada hace que muchos tengan desnutrición. En el caso de la persona afectada, quien tiene más de un año a la espera de juicio, su pronóstico se ha agravado.

«(El beneficiario) tiene dos años sin tratamiento, está en etapa de sida y es propenso a contraer infecciones oportunistas que pueden ocasionarle la muerte, como la tuberculosis», expresó. 

Según la resolución 52/2022 del 9 de octubre de 2022, la Cidh considera que el beneficiario de la medida cautelar está en una situación de riesgo en su derecho a la vida, integridad personal y salud.

«Actualmente, sus condiciones de salud han empeorado, toda vez que él ha perdido peso, presenta dolores de cabeza, fiebre con regularidad y debilidad muscular, y necesitaría la ayuda de otras personas privadas de libertad para poder ponerse de pie», destacó la Cidh al anunciar las medidas.

Se trata de las únicas cautelares de la Cidh anunciadas este 2022 para personas con VIH en Venezuela pese a múltiples solicitudes, de acuerdo con los voceros de Acción Solidaria y Defiende Venezuela. 

Se requieren acciones inmediatas

Con esta resolución, la Cidh insta al Estado venezolano a ejecutar acciones inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado, que incluya diagnóstico y medicamentos, y a informar sobre la adopción de las medidas cautelares a favor de este venezolano con VIH.

El representante de Acción Solidaria, por su parte, recordó que en 2018 la Cidh ya otorgó medidas cautelares para 43 personas con VIH en Venezuela ante las dificultades para acceder a antirretrovirales y a exámenes de diagnóstico y seguimiento como la carga viral y el CD4. Sin embargo, el Estado no ha cumplido ni emitido respuesta sobre las cautelares otorgadas en materia de salud en los últimos años.

Para 2022, el tratamiento antirretroviral que debería ser comprado por el Estado es financiado por el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, mientras que el abastecimiento de reactivos para las pruebas diagnósticas y de seguimiento en el sistema público no alcanza para cubrir la demanda, indicó Rodrigues.

Según cifras del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) se estima que en Venezuela viven aproximadamente 100.000 personas con VIH, de las cuales solo 70.000 conocen su estado serológico. Solo en 2021 más de 6.000 personas contrajeron VIH en el país.