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Foro Penal consigna medida para investigar situación de testigos claves de asesinatos en Parima B

SUCESOS · 13 MAYO, 2022 12:51

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Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar


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Olnar Ortiz, responsable del Capítulo de derechos de los pueblos indígenas del Foro Penal, consignó medida de urgencia ante la sede del Ministerio Público de Amazonas por la situación en la que se encuentran los testigos claves de los hechos registrados en Parima B: los indígenas Borges Sifontes y Gabriel Silva, quienes se encuentran prácticamente privados de libertad en el Hospital Militar «Doctor Carlos Arvelo» de Caracas.

Según denunció Ortiz, a Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), este último herido por dos impactos de bala, no se les deja salir de la habitación en la que se encuentran y les fueron restringidas las visitas, lo que representa una violación a sus derechos humanos y una «privación ilegítima» de su libertad, a pesar de que no existe ninguna acción legal contra los testigos claves.

Con esta medida de urgencia piden a las autoridades de la Fiscalía que investiguen esta situación irregular, pues ambos indígenas cuentan con una medida de protección por la Fiscalía 5 de Puerto Ayacucho.

El abogado, además, pidió que se concrete una reunión con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para abordar el caso, pues «en virtud de que hay tres fiscales nacionales —en materia de derechos fundamentales, derechos indígenas, adolescentes y acción penal—, ninguno de los tres ha ido al hospital».

A pesar de que Ortiz representa legalmente a ambos indígenas, el 7 de mayo le negaron la posibilidad de visitarlos. La última vez que pudo reunirse con ellos y corroborar su situación fue el 18 de mayo. «Si alguien quisiera ir a visitarlos tiene que tener autorización del contralmirante Montoya, quien es el director del Hospital Militar «Doctor Carlos Arvelo»», denunció Ortiz.

En cuanto a la salud de Sifontes, el abogado dijo que no ha sido operado a pesar tener unas heridas en la pierna izquierda y el brazo derecho.

Trasladados irregularmente a Caracas

Los hermanos Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), son los sobrevivientes de «un enfrentamiento entre funcionarios de la Aviación Militar Venezolana y miembros de la comunidad yanomami», en el cual fueron asesinados cuatro yanomamis, el pasado 20 de marzo en la comunidad de Parima B, en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

Ambos, en calidad de testigos claves, fueron trasladados arbitrariamente hacia Caracas el pasado 3 abril, sin previo aviso a su representante legal, quien denunció su desaparición para el momento.

Según la versión de Amnistía Internacional, el 1 de abril, mientras los hermanos estaban en el Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho, presuntos funcionarios pertenecientes al Ministerio para Asuntos Indígenas intentaron sacarlos del recinto, desconociendo la calidad de representante legal de Olnar Ortiz, miembro del Foro Penal.

Ambos «fueron transportados en una aeronave presuntamente perteneciente al grupo aéreo de transporte número 9 de la Aviación venezolana», detalló una comunicación con fecha 6 de abril Amnistía Internacional, en la cual se advierte que se trata de una desaparición forzada, considerada como un crimen en el derecho internacional.

Con este hecho, se agrega un nuevo hito de irregularidad al caso de Parima B. Ortiz ya había denunciado que esta investigación se encontraba en el «hermetismo total», pues las autoridades del Ministerio Público le habían negado los detalles sobre el proceso, mientras la comunidad estaba aislada por la fuerzas militares.

Administración de justicia

Ortiz advirtió que aún no existe declaración oficial sobre los hechos y que a pesar de que hay un proceso legal abierto por el Ministerio Público, no hay orden de aprensión contra los militares involucrados en la muerte de los cuatro indígenas.

En busca de agotar las vías de administración de justicia, Ortiz acudió a instancias internacionales para internacionales para presentar el caso y sus irregularidades.

 

Por su parte, Saab, nombrado frente a Ministerio Público por la Asamblea Nacional Constituyente, ya había informado que el Fiscal 91 nacional en materia indigenista de Amazonas y la fiscal 4 de derechos humanos fueron designados para investigar conjuntamente con expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) el asesinatos de cuatros yanomamis y la lesión de un adolescente de Parima B.

SUCESOS · 22 JULIO, 2022

Foro Penal consigna medida para investigar situación de testigos claves de asesinatos en Parima B

Texto por Reymar Reyes Moncayo | @MoncayoReymar

Olnar Ortiz, responsable del Capítulo de derechos de los pueblos indígenas del Foro Penal, consignó medida de urgencia ante la sede del Ministerio Público de Amazonas por la situación en la que se encuentran los testigos claves de los hechos registrados en Parima B: los indígenas Borges Sifontes y Gabriel Silva, quienes se encuentran prácticamente privados de libertad en el Hospital Militar «Doctor Carlos Arvelo» de Caracas.

Según denunció Ortiz, a Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), este último herido por dos impactos de bala, no se les deja salir de la habitación en la que se encuentran y les fueron restringidas las visitas, lo que representa una violación a sus derechos humanos y una «privación ilegítima» de su libertad, a pesar de que no existe ninguna acción legal contra los testigos claves.

Con esta medida de urgencia piden a las autoridades de la Fiscalía que investiguen esta situación irregular, pues ambos indígenas cuentan con una medida de protección por la Fiscalía 5 de Puerto Ayacucho.

El abogado, además, pidió que se concrete una reunión con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para abordar el caso, pues «en virtud de que hay tres fiscales nacionales —en materia de derechos fundamentales, derechos indígenas, adolescentes y acción penal—, ninguno de los tres ha ido al hospital».

A pesar de que Ortiz representa legalmente a ambos indígenas, el 7 de mayo le negaron la posibilidad de visitarlos. La última vez que pudo reunirse con ellos y corroborar su situación fue el 18 de mayo. «Si alguien quisiera ir a visitarlos tiene que tener autorización del contralmirante Montoya, quien es el director del Hospital Militar «Doctor Carlos Arvelo»», denunció Ortiz.

En cuanto a la salud de Sifontes, el abogado dijo que no ha sido operado a pesar tener unas heridas en la pierna izquierda y el brazo derecho.

Trasladados irregularmente a Caracas

Los hermanos Gabriel Silva (19) y Borge Sifontes (16), son los sobrevivientes de «un enfrentamiento entre funcionarios de la Aviación Militar Venezolana y miembros de la comunidad yanomami», en el cual fueron asesinados cuatro yanomamis, el pasado 20 de marzo en la comunidad de Parima B, en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

Ambos, en calidad de testigos claves, fueron trasladados arbitrariamente hacia Caracas el pasado 3 abril, sin previo aviso a su representante legal, quien denunció su desaparición para el momento.

Según la versión de Amnistía Internacional, el 1 de abril, mientras los hermanos estaban en el Hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho, presuntos funcionarios pertenecientes al Ministerio para Asuntos Indígenas intentaron sacarlos del recinto, desconociendo la calidad de representante legal de Olnar Ortiz, miembro del Foro Penal.

Ambos «fueron transportados en una aeronave presuntamente perteneciente al grupo aéreo de transporte número 9 de la Aviación venezolana», detalló una comunicación con fecha 6 de abril Amnistía Internacional, en la cual se advierte que se trata de una desaparición forzada, considerada como un crimen en el derecho internacional.

Con este hecho, se agrega un nuevo hito de irregularidad al caso de Parima B. Ortiz ya había denunciado que esta investigación se encontraba en el «hermetismo total», pues las autoridades del Ministerio Público le habían negado los detalles sobre el proceso, mientras la comunidad estaba aislada por la fuerzas militares.

Administración de justicia

Ortiz advirtió que aún no existe declaración oficial sobre los hechos y que a pesar de que hay un proceso legal abierto por el Ministerio Público, no hay orden de aprensión contra los militares involucrados en la muerte de los cuatro indígenas.

En busca de agotar las vías de administración de justicia, Ortiz acudió a instancias internacionales para internacionales para presentar el caso y sus irregularidades.

 

Por su parte, Saab, nombrado frente a Ministerio Público por la Asamblea Nacional Constituyente, ya había informado que el Fiscal 91 nacional en materia indigenista de Amazonas y la fiscal 4 de derechos humanos fueron designados para investigar conjuntamente con expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) el asesinatos de cuatros yanomamis y la lesión de un adolescente de Parima B.

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