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El Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 3ª del estado Anzoátegui para que inicie las investigaciones sobre la explosión ocurrida dentro de una vivienda ubicada en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, donde una persona resultó muerta y otras cuatro heridas este martes 25 de abril.

El fiscal general constituyente, Tarek William Saab, informó vía Twitter que esta investigación, que buscará aclarar las circunstancias del hecho, se realizará en conjunto con una comisión especial designada por el Ministerio del Interior y Justicia. Ratificó que la vivienda pertenece a Hernán Ernesto Guevara Pastran, un conocido exfuncionario de Pdvsa y empresario ligado a la industria petrolera, que hace unos años estuvo involucrado en un caso de corrupción.

Luego de explosión de vivienda en Urb Pueblo Viejo Anzoategui, se envió comisión especial al sitio al ocurrir evento, integrada por Div Siniestros CICPC, PC y Bomberos por orden del Pdte @NicolasMaduro en coordinación con el MP @TarekWiliamSaab para determinar causas del hecho. pic.twitter.com/nvT87Pq9Sa

— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) April 25, 2023

Guevara ha sido presidente de las compañías Ingeniería, Mantenimiento y Proyectos del Lago, C.A y de Servicios técnicos industriales Anaco 81, C.A. (STIACA), contratistas de PDVSA y de PDVSA Gas.

También ha estado al frente de las empresas Suministros y Procuras G.B, C.A. y de Hydrowell, S.A, también vinculadas a la importación de insumos y prestación de servicios vinculados a la industria petrolera.

El portal Poderopedia reseñó que Guevara ha aparecido vinculado a presuntos negocios irregularidades con Bariven, filial de PDVSA, y con PDVAL.

En 2021, este empresario fue condenado por la justicia venezolana, junto a varios directivos de Pdvsa, por hechos de corrupción que arrojaron pérdidas a la República por aproximadamente 76,2 millones de dólares, según reseñó ese año el diario Últimas Noticias.

Esas personas, según UN, realizaron con artimañas un proceso para adquirir dos monoboyas con un sobreprecio de 100 %. En resumen, dichos aparatos le costaron a la república 72,6 millones de dólares, según los cálculos del Ministerio Público que acusó a los exgerentes por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y agavillamiento.