El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) alertó este sábado de que los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Trinidad y Tobago continúan siendo vulnerables a los abusos, la explotación y enfrentan multitud de problemas.
La semana pasada, la Unidad de Lucha contra el Tráfico de Personas del Ministerio de Seguridad Nacional reveló que la Policía estaba investigando las denuncias de abusos presentadas por una mujer venezolana que había sido detenida en el helipuerto de Chaguaramas, noroeste de la isla de Trinidad.
Las autoridades afirmaron que tras una investigación de las denuncias no hubo indicios de abusos sexuales en el helipuerto.
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Por su parte, Acnur declaró que «en Trinidad y Tobago, los refugiados y solicitantes de asilo se enfrentan a varios retos, y siguen siendo vulnerables a la explotación y los abusos».
«La mayoría de ellos no pueden regularizar su situación migratoria, matricularse en instituciones educativas oficiales, acceder a atención médica ni trabajar legalmente», agregó.
En este sentido, Acnur hizo hincapié en que «cuando sea inevitable, los gobiernos deben garantizar el acceso sin trabas a asistencia y asesoramiento jurídico».
Asimismo, el alto comisionado dijo que estaba dispuesto a ayudar al Gobierno «a establecer mecanismos de acogida que ofrezcan alternativas a la detención de refugiados y migrantes».
Un total de 16.523 venezolanos recibieron por primera vez un permiso del Gobierno de Trinidad y Tobago en 2019 que les permitía vivir y trabajar en el país caribeño y que fue prorrogado, pero sin cumplir las expectativas.
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La semana pasada, la Unidad de Lucha contra el Tráfico de Personas del Ministerio de Seguridad Nacional reveló que la Policía estaba investigando las denuncias de abusos presentadas por una mujer venezolana que había sido detenida en el helipuerto de Chaguaramas, noroeste de la isla de Trinidad.
Las autoridades afirmaron que tras una investigación de las denuncias no hubo indicios de abusos sexuales en el helipuerto.
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Por su parte, Acnur declaró que «en Trinidad y Tobago, los refugiados y solicitantes de asilo se enfrentan a varios retos, y siguen siendo vulnerables a la explotación y los abusos».
«La mayoría de ellos no pueden regularizar su situación migratoria, matricularse en instituciones educativas oficiales, acceder a atención médica ni trabajar legalmente», agregó.
En este sentido, Acnur hizo hincapié en que «cuando sea inevitable, los gobiernos deben garantizar el acceso sin trabas a asistencia y asesoramiento jurídico».
Asimismo, el alto comisionado dijo que estaba dispuesto a ayudar al Gobierno «a establecer mecanismos de acogida que ofrezcan alternativas a la detención de refugiados y migrantes».
Un total de 16.523 venezolanos recibieron por primera vez un permiso del Gobierno de Trinidad y Tobago en 2019 que les permitía vivir y trabajar en el país caribeño y que fue prorrogado, pero sin cumplir las expectativas.