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La Fiscalía General de México imputará a cuatro personas, entre ellos dos funcionarios públicos, un migrante y un vigilante de una empresa privada, por el incendio que se produjo en un centro migratorio de Ciudad Juárez, donde el lunes 27 de marzo murieron 38 personas.

En declaraciones a la prensa, la fiscal especial en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, informó que pidieron cuatro órdenes de aprehensión por este hecho.

Una de ellas irá contra el migrante que inició el fuego en la instalación que pertenece al Instituto Nacional de Migración, contra dos funcionarios del organismo y una más para un vigilante de una empresa de seguridad privada.

Tras conocerse la tragedia, circuló un video en redes sociales donde se aprecia cómo al iniciarse el fuego al interior de la celda donde estaban recluidos los migrantes, varias personas abandonan las instalaciones y dejan encerrados a los migrantes, mientras se propagan las llamas.

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Investigación por homicidio doloso

Los delitos que imputarán a estas cuatro personas serán «homicidio doloso, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y lesiones».

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en un principio responsabilizó a los migrantes, a los que señaló de iniciar el fuego por su inconformidad ante órdenes de deportación, pero este miércoles rebajó el tono y aseguró que castigarían a los responsables de los hechos.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dijo en esa misma rueda de prensa que investigarán a los agentes públicos por el incendio, tanto los del gobierno federal, los estadales y la empresa de vigilancia privada del centro en Ciudad Juárez.

Aseguró que tras las primeras investigaciones identificaron a ocho personas: dos agentes del INM, uno de la gobernación de Chihuahua y cinco de la vigilancia privada de la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Aunque el gobierno de AMLO insiste en llamarlos albergues o refugios, ONG mexicanas denuncian que estos sitios son cárceles donde encierran a los migrantes.

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Qué pasa en Ciudad Juárez

En el caso de Ciudad Juárez, desde el pasado noviembre iniciaron operativos las autoridades municipales y los agentes del Instituto Nacional de Migración, en especial después de que en octubre Estados Unidos eliminó la entrada libre a miles de venezolanos que recorrían Centroamérica para llegar a ese país desde su frontera sur.

Rodríguez en sus declaraciones aseguró que no van a proteger a funcionarios e incluso estará bajo investigación el jefe del INM, Francisco Garduño Yáñez, contra quien ha habido críticas por las actuaciones de este organismo contra las personas migrantes que llegan a México.

Celia Ávila, de la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhia) dijo por videollamada a Efecto Cocuyo que «las autoridades municipales se encargan de estigmatizar y criminalizar a la población migrante. La retiran de los espacios públicos por estar migrando y estar en movilidad».

Tampoco hay coordinación entre las diferentes instancias del gobierno, porque aún cuando las autoridades nacionales hablan de respetar los derechos humanos de las personas migrantes, en la práctica no lo hacen.

«De ninguna manera se ocultarán los hechos, ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y violaciones a derechos humanos», afirmó este miércoles la titular la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana al ofrecer el balance de las primeras investigaciones.

Detalló que se encargarán de repatriar los cuerpos de las 38 víctimas, entre quienes había venezolanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano.

Aunque se han ofrecido dos listas con los nombres de los heridos y fallecidos, aún no se dice cuántas personas por nacionalidad murieron. En principio se habló de 37 víctimas, después se subió a 40, se rebajó a 38 y este 29 de marzo la Gobernación de Chihuahua las subió a 39.

Con información de Efe