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Las organizaciones de la sociedad civil mexicana, específicamente las que se encuentran en Ciudad Juárez, advirtieron desde hace meses que lo vivido en la estación migratoria de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos podría ocurrir.

El hacinamiento de migrantes en este lugar, a quienes privan de su libertad o detienen de forma arbitraria, la falta de acceso a alimentos e higiene personal, son algunas de las denuncias que mantienen ante el incremento del flujo de personas en movilidad desde el año 2018.

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Qué dicen las ONG en Ciudad Juárez

Celia Ávila, de la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (Dhia), explicó por videollamada a Efecto Cocuyo, que ni las autoridades municipales, estadales o federales trabajan en coordinación. Cada una toma medidas en contra de la población migrante, pero se solapan responsabilidades después y antes de la tragedia que dejó 38 muertos y 27 heridos este lunes 27 de marzo.

Señala que mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador habla de garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes, en la práctica solo se ven operativos del Instituto Nacional de Migración, que depende de su gestión, que buscan a migrantes en las calles, hoteles o albergues para dictar orden de expulsión del país, pero sin darles los medios para que puedan salir de México cuando Estados Unidos los deporta.

«En lo oficial se habla de respeto a los DDHH, pero en lo hechos no se corresponde con el discurso. No se coordinan acciones, dejan a las personas para que salgan por sus propios medios en lapsos de 15 a 30 días», señala.

Recuerda que el gobierno moderó su discurso después de que el propio presidente responsabilizó en un principio a los migrantes del incendio. Tras la difusión de un video en el que se aprecia cómo los agentes de esa estación migratoria dejaron a las personas a su suerte, ahora hablan de establecer responsables por esos hechos.

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Criminalización a migrantes

Ávila sostiene que desde el gobierno municipal, aunque el presidente local es del mismo partido de López Obrador, se han endurecido el discurso y las acciones contra los migrantes, especialmente los de nacionalidad venezolana.

«Las autoridades municipales se encargan de estigmatizar y criminalizar a la población migrante. La retiran de los espacios públicos por estar migrando y estar en movilidad».

Recuerda que desde octubre, cuando Estados Unidos frenó el ingreso de personas venezolanas por su frontera norte, las autoridades municipales desalojaron un campamento a las orillas del río Bravo, lo que llevó a los migrantes a vivir en las calles y tomar espacios públicos.

«A partir de octubre comenzó un hostigamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y anticipábamos que podía llegar a más por el discurso del presidente de Ciudad Juárez que comenzó a estigmatizar a los migrantes, en sus discursos semanales que comenzaron con los retiros del campamento en noviembre. Esto llevó a que se desplazaran a otros lugares comenzaron a tener trabajo ambulante, están integrándose de la manera que pueden porque no tienen acceso a servicios, no les dejan muchas opciones, pero se lo impiden con la fuerza pública», resume.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar incrementó su discurso de estigmatización después del intento de cruzar en masa de un grupo grande de migrantes hace varias semanas.

Señala que el mismo 27 de marzo, día de la tragedia, se hicieron operativos municipales en los que apresaron a personas en movilidad y los llevaron a la estación migratoria, donde horas después sucedió la tragedia.

«¿Cuál es el cupo máximo de esa estación migratoria? Había 83 personas detenidas bajo llave y no pudieron reaccionar a tiempo. Por qué se estuvieron haciendo operativos cuando la estación estaba al límite, eso también es negligencia. Quién está dictando esos operativos, queremos saber si están respetando los derechos humanos», se pregunta Ávila.

Resalta que Pérez Cuéllar aseguró que esos operativos eran de autoridades federales y se deslindó de cualquier responsabilidad.

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En contra de detención de migrantes

En un comunicado, que Derechos Humanos Integrales en Acción publicó este 28 de marzo, recordaron que la privación de libertad de los migrantes debe ser una excepción y no la norma como está ocurriendo actualmente. El diario La Verdad de Juárez afirmó este miércoles que el gobierno de López Obrador es el que más detenciones de personas en movilidad lleva desde que comenzó su gestión en diciembre de 2018, con más de un millón de ellas.

«Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación», dice el texto de Dhia.

Ávila señala que en esas estaciones migratorias las personas quedan incomunicadas, sin acceso a alimentos, agua potable y se encuentran hacinadas. «Las personas hablan del maltrato, que no les brindan alimentos, agua ni les permiten cumplir con necesidades sanitarias o de higiene menstrual, deben compartir la celda que están en capacidad límite. De entrada están en aislamiento», sostiene.

Pide que el gobierno federal y las demás autoridades, estadales y municipales, cambien su enfoque hacia el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Ávila agrega que la tragedia pudo haberse evitado si se tomaban recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil, que no tienen acceso a las estaciones migratorias y a las que no les toman en cuenta al momento de aplicar políticas públicas para estos casos.

Qué pasa en Ciudad Juárez

Relata que tras la tragedia el escenario es de algo más de caos en Ciudad Juárez. Por un lado, los familiares lloran a sus víctimas y continúan esperando información oficial detallada sobre la muerte de sus parientes, realizaron una vigilia y oraron por los fallecidos, pero por otro la población criminaliza a los migrantes al apropiarse del discurso municipal.

«Hay una criminalización de la ciudadanía que culpabiliza a las personas de provocar su propia muerte, pero también mucha molestia de las organizaciones de la sociedad civil porque veníamos señalando desde hace meses que eso podía haber ocurrido».