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La inestabilidad política en el Perú aviva viejos temores en la comunidad migrante venezolana. Muchos huyeron de su país para vivir en democracia y hoy experimentan la erosión de este sistema en otra región de Latinoamérica.

Efecto Cocuyo conversó con cinco migrantes venezolanos, radicados en Lima, para conocer cómo les afecta la crisis social y política.

“La incertidumbre nunca se va, la incertidumbre de permanecer en el trabajo, de que no nos boten, del rechazo, porque tenemos muchos gastos no solo acá sino también con nuestras familias en Venezuela”, expresa Daniel Velásquez.

El periodista de profesión actualmente trabaja en una clínica veterinaria a la que le maneja las redes sociales, pero confiesa que hace “de todo un poco”.

En su opinión, las protestas han provocado nuevos brotes de xenofobia: “Muchas personas que han llegado de otras provincias (a protestar) tienen entre sus consignas el tema de los venezolanos y la inseguridad”.

La estigmatización de los venezolanos es una amenaza latente que fue, incluso, política gubernamental en 2020, cuando el entonces ministro del Interior, Carlos Morán, creó una “brigada especial contra la migración delictiva”.

La inflación es otra preocupación que Velásquez comparte con sus compatriotas. 

“La toma de Lima”

Distintos grupos del sur del Perú marcharon hacia la capital el pasado 19 de enero, en lo que denominaron “la toma de Lima”, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

La crisis comenzó con la detención y destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre. El entonces mandatario fue separado del cargo luego de anunciar la disolución del Congreso, la instalación de un gobierno de emergencia y la convocatoria a una constituyente.

Su remoción provocó el rechazo de los sectores más pobres de la sierra sur del Perú (Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa) que respaldaban a Castillo. Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales para renovar el Ejecutivo y el Congreso.

El gobierno decretó estado de emergencia, pero las protestas continúan y se extienden.

El desempleo es otro de los efectos colaterales de esta crisis. Víctor Peche es venezolano y llegó a Perú en 2017. Asegura que, en su caso, las manifestaciones le han costado una semana de trabajo.

“Trabajo con la instalación de aires acondicionados y la empresa donde estoy ofrece servicio fuera de Lima. Estuve trabajando en la provincia de Chiclayo, el martes (17 de enero), y cuando regresaba nos encontramos con las protestas. Duramos un día sin poder pasar porque la carretera estaba cerrada”, recuerda.

 “Desde entonces la empresa nos mandó un comunicado en el que dice que los trabajos estarán paralizados hasta que las cosas se calmen un poco. Ya tenemos una semana sin trabajo”, explica.

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En qué trabajan los venezolanos en Perú

Debido al estatus migratorio, más de 90% de las personas venezolanas trabaja en la informalidad en Perú, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Muchos están “sujetos a desprotección legal, subempleo, trabajo forzado y abuso por parte de las personas empleadoras”, alerta Médicos Sin Frontera, una ONG de ayuda humanitaria.

Marsiellys Rivas coincide en que las trancas en las vías tienen consecuencias para sus familiares y conocidos que trabajan como mano de obra en empresas de construcción.  

“En comparación con Venezuela todavía no nos ha afectado de tal manera, todavía tenemos para pagar nuestro alquiler, costear los gastos de la niña que tiene apenas un año. Pero sí hemos pensado en que si esto se va a volver más de lo mismo o si se va a repetir la historia de Venezuela, estaríamos pensando en irnos a finales de este año de aquí, como lo están haciendo muchos venezolanos”, dice.

Menos trabajo y precios más altos por protestas

Kaira El Yanhari es periodista venezolana en Perú, pero se dedica al marketing digital. Cuando se estableció en el país andino, hace casi cinco años, el desempleo ya era un obstáculo importante, pero considera que se ha agudizado tras la pandemia de COVID-19 y ahora con la crisis política.

Una de las empresas para las que trabaja depende del turismo que también se ha visto resentido. En las últimas dos semanas de diciembre de 2022, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) estimaba pérdidas de 260 millones de dólares.

“El aumento de los precios es una realidad. Cada vez que hay una coyuntura política el dólar se dispara, creo que eso ocurre en toda Latinoamérica, no a los niveles que ocurren en Venezuela, pero sí de forma importante. En el mercado puedes ver 10% o 15% de incremento que afecta el poder adquisitivo de los venezolanos que, en su mayoría, gana sueldo mínimo”, afirma.

Los precios de los alquileres también aumentan “lo que hace bastante insostenible mantenerse”, agrega.

“Hay dos Perú totalmente diferentes, uno de provincia donde las personas se sienten poco representadas, donde la salud y la educación no llegan. Y tienes uno hipercentralizado en Lima y en pocos distritos donde están la mayoría de las empresas”, reflexiona.

Héctor Villa León también es periodista venezolano en Lima. Destaca la informalidad laboral que aumenta la vulnerabilidad de los migrantes en este país: “Las protestas se dan en el centro donde muchos venezolanos viven del comercio en las calles y esto les afecta directamente, dejar de trabajar un día es dejar de percibir su sustento”.

13 familias damnificadas

Para el joven, es inevitable rememorar las masivas protestas antigubernamentales que llenaron las calles de Venezuela en 2014 y 2017, al ver las manifestaciones que hoy convocan a los peruanos.

“El 9 de enero mataron a 18 personas, la policía. Otro evento que me marcó fue la toma de la universidad (de San Marcos), el 21 de enero, que me hizo recordar la cobertura que hacía de las protestas en Venezuela en donde la policía también entraba a la Universidad Central de Venezuela. Obviamente son contextos totalmente distintos, pero uno se pregunta qué va a pasar con este país”, cuestiona.

Otros incluso han sufrido pérdidas materiales. Un incendio en el centro de Lima, provocado en el marco de “la toma de Lima”, dejó sin hogar a 13 familias venezolanas. La fundadora de Divergente News, Jessica Herrera, constató que las casas antiguas donde vivían quedaron inhabitables.