De tierras aztecas a Venezuela. Este es el nuevo compromiso del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a través del conocido programa «Vuelta a la Patria«.
Un acuerdo enmarcado en una estrategia ideada por Caracas en agosto de 2018 y con el que se busca que miles de migrantes venezolanos abandonen México a cambio de una serie de beneficios económicos. ¿Qué puede implicar esta nueva política migratoria en la región?
Una medida económica para seducir a migrantes
El acuerdo establece un apoyo económico mensual de 110 dólares durante los seis meses posteriores a la llegada al país de origen. También incluye convenios con empresas mexicanas y venezolanas para ofrecer empleos a estos mismos migrantes deportados. El Ejecutivo mexicano también anunció un mismo pacto con Colombia y Ecuador.
«Es mejor que exista este programa antes de que se repatríe a personas sin oportunidades laborales y sin dinero», indica a DW Valeria Valle, académica del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. «Sin embargo, qué pasará cuando pasen estos seis meses?», se cuestiona.
Según Alicia Bárcena, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, con esta ayuda se pretende crear «un estímulo para que regresen», dijo la propia diplomática en una conferencia matutina. El monto se entrega en una tarjeta, de forma similar a otros programas del país como «Jóvenes Construyendo el Futuro» o «Sembrando Vida».
En opinión de Valle, pensar que este incentivo compensará a las personas que migran es «ingenuo» y recuerda el «vía crucis» que han tenido que sorportar para llegar hasta México.
«Si no volvieron atrás es porque la situación en el origen es tan terrible que prefieren obtener el refugio en México o lograr el sueño de llegar a Estados Unidos y ganar mucho más que 110 dólares al mes», recalca.
«Es muy difícil pensar que una medida de esta naturaleza sea efectiva con personas que han invertido todo lo que tienen para salir y que han arriesgado muchísimo en el camino», dice a DW Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER).
Para Ariel Ruiz, analista del Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington, el acuerdo es una buena iniciativa, aunque solo a corto plazo ya que puede ayudar en la reintegración de aquellos que retornan a Venezuela. No obstante, «por sí solo no es suficiente para atender otras condiciones que motivan a estas personas a emigrar, incluidas altas y persistentes tazas de pobreza y persecución política», dice a DW.
En líneas generales, Andrea Samaniego, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, opina que el acuerdo es una buena medida, «mejor que la que actualmente impera en donde se criminaliza a los migrantes» y remarca, en declaraciones a DW, que esos vínculos con empresas y gobiernos pueden permitir «reestrablecer el tejido social».
Nueva política, viejos hábitos
Bárcena informó el pasado 21 de marzo sobre dicha cooperación para mandar de vuelta a venezolanos pues «no podemos con estas cantidades», señaló en la conferencia de prensa matutina.
«No hay duda de que el número de migrantes que transitan de manera irregular por México sobrepasa la capacidad institucional del gobierno mexicano», indica a DW Ariel Ruiz, analista del MPI.
«No solo es la cantidad de migrantes, pero también su composición con más familias y menores de edad en tránsito y que cada vez son de más diversas nacionalidades», dice Ruiz, y señala que el sistema migratorio mexicano, al igual que el sistema estadounidense, «no está diseñado ni para detener a este volumen de migrantes ni para atender sus necesidades de protección».
Ruiz recuerda que tan solo en los dos primeros meses de 2024, cerca de 56.000 migrantes venezolanos han sido detenidos por el Gobierno mexicano. En 2023, se alcanzó la cifra récord de 782.000 migrantes detenidos, de los cuales casi el 30 por ciento procedían de Venezuela, apunta.
«La situación se ha agravado, es evidente, hasta convertirse en una verdadera crisis humanitaria provocada por el mismo Gobierno mexicano», dice a DW Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).
En una entrevista con DW, Vértiz acentúa la «pésima gestión migratoria» llevada a cabo en México no solo en el último sexenio, focalizadas en la criminalización de los migrantes y el aumento de la seguridad, en lugar de garantizar su regularización, es decir, de abrirles la posibilidad real de acceder a derechos y servicios.
«Corresponsabilidad regional»
Las políticas migratorias y fronterizas llevadas a cabo por Estados Unidos han tenido «impactos significativos» sobre la situación migratoria en México y en toda la región, constata la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En este sentido, López Obrador pidió a Washington que «invierta 20.000 millones de dólares anuales para el desarrollo de Latinoamérica», entre otras cuestiones, algo que EE. UU. calificó de propuesta «absurda».
En opinión de Vértiz, debe haber una «corresponsabilidad regional», tanto del gobierno de México, como de EE. UU. y de países de origen de migrantes, para que se generen ciertas condiciones y que «el derecho a migrar sea una opción, y no una obligación», sentencia.
Para Ariel Ruiz, del MPI, aunque las propuestas de invertir más recursos en los países latinoamericanos es importante, «estas inversiones no darán resultados en el corto plazo», pues «es un proceso que dura décadas». Mientras, «se requieren programas y políticas que puedan brindar alternativas de corto plazo», señala a DW.
De momento, la Cancillería mexicana no ha informado sobre cuántos venezolanos se han acogido a esta medida desde que fue implantada en el mes de febrero.
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