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Una abogada penalista, que cuenta entre otros haberes con 25 años de ejercicio profesional y prefiere mantener su identidad resguardada por seguridad, el domingo 2 de agosto fue testigo de las presuntas mafias que actúan en el Palacio de Justicia de Aragua para extorsionar y robar a familiares de los procesados.
La penalista conversó el martes, 4 de agosto, con El Pitazo y relató que cuando llegó a los tribunales el domingo observó una situación extraña entre un colega que se presentó como codefensor y los alguaciles de guardia. A su juicio, estos funcionarios tenían un cuarenteo judicial o retraso del proceso para sembrar angustia y concretar la extorsión.
Para sustentar su denuncia contó que mientras ella esperaba la boleta de excarcelación de tres jóvenes (a quienes no les encontraron pruebas para iniciar un proceso judicial), en las afueras de los tribunales varias personas extorsionaban a los familiares de los arrestados y les pedían 700 dólares en efectivo para evitar que los acusaran de robo agravado y los dejaran detenidos, probablemente en el centro de reclusión de Tocorón.
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“De una camioneta Ford Runner, de color blanco, se bajó una mujer que se identificó como funcionaria de los tribunales. Mostró a los familiares desde un teléfono celular un acta que señalaba que los muchachos habían entrado a la audiencia y los iban a acusar por robo agravado, a menos de que pagaran 700 dólares para evitarlo».
«Los familiares de los detenidos estaban angustiados y, en medio de la desesperación, decidieron reunir el dinero. Solo lograron conseguir 600 dólares que entregaron a un joven en una moto que estaba con la otra persona de la camioneta", narró.
Acotó que cuando salió del Tribunal observó que algo no estaba bien. Esta conjetura la corroboró cuando uno de los familiares le manifestó: «¡Nos robaron!», al darse cuenta de que el conductor de la Ford Runner, en lugar de entrar de una vez al Palacio de Justicia, siguió de largo y huyó. Allí entendieron que habían sido robados.
“La fiscal dijo que no había nada que imputar, que fue una privación de libertad inoficiosa, porque no había pruebas que demostraran nada, y pidió la libertad plena de los detenidos«, explicó la penalista para sustentar que los familiares de los detenidos fueron engañados.
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Está convencida de que existe una banda de delincuencia organizada que tiene como base de operaciones el Palacio de Justicia de Aragua y que sus actores principales son los funcionarios, porque son quienes tienen acceso a las actas y expedientes, incluso antes que los propios defensores y fiscales, en complicidad con otros funcionarios y algunos abogados que han desviado el norte de su profesión y la ética.
«En 25 años ejerciendo esta profesión es la primera vez en mi vida que veo este modus operandi delincuencial; abogados, alguaciles y funcionarios tomando fotografías para luego mostrar esas imágenes a familiares desde sus celulares, a sabiendas de que no los dejarán detenidos y distorsionando la realidad de los hechos para extorsionarlos. Espero que el colega que incurrió en este hecho, así como los funcionarios judiciales, reciban al menos una sanción moral, pongan sus barbas en remojo y sepan que están descubiertos», señaló.
