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Valencia.- El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Carabobo, Luis Guillermo Padrón, rechazó este jueves, 4 de febrero, un posible regreso a clases presenciales, tal y como fue planteado en días pasados por el gobernante Nicolás Maduro, pues considera que no están dadas las condiciones en materia laboral y de bioseguridad y no todas las escuelas están aptas para recibir a los estudiantes.
El dirigente sindical señaló que un posible reinicio de las actividades de forma presencial o semipresencial pone en riesgo la salud, tanto de estudiantes como de docentes, debido a la pandemia por COVID-19. Aseguró que los maestros no poseen recursos para costear los tratamientos que se requieren para combatir la enfermedad y tampoco cuentan con seguro médico ni servicio funerario.
«Vemos con preocupación los recientes anuncios sobre el posible regreso a clases semipresenciales. Se está planificando llamar por grupos y es una total irresponsabilidad llamar a clases sin condiciones. No se puede hacer ese llamado cuando no existen condiciones laborales ni de bioseguridad. De las 1.700 escuelas, incluidas las 342 estadales, más de 96% no está en condiciones de recibir alumnos», advirtió Padrón.
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El sindicalista añadió que incluso desde la Secretaría de Educación de Carabobo y la Zona Educativa han recurrido a una modalidad de ayuda para los docentes. «Desde la Secretaría de Educación de Carabobo y la Zona Educativa aplicaron una modalidad de convocar a los representantes para que les den a los docentes un producto -un arroz, una harina, huevos- y así evitar que se vayan, porque el Estado no está en la capacidad de pagar un sueldo acorde a la realidad», detalló.
El vocero de los docentes aseguró que en San Diego los maestros solicitan artículos de primera necesidad ante la ausencia del ajuste salarial. «Están pidiendo a los representantes que les den champú, desodorante y jabones para uso personal. A ese nivel ha llegado el maestro, a degradarse. Eso está ocurriendo en las escuelas estadales», apuntó.
El representante sindical denunció que desde hace aproximadamente 3 años, 219 docentes han sido víctimas de acoso laboral y persecuciones. Algunos no cobran y les han aplicado cambios en la modalidad de pago.
«Esto lo hacen para que los docentes renuncien, porque han exigido sus derechos. Continuamos solicitando 600 dólares mensuales, como mínimo, para solventar nuestra situación, porque el Estado no está en la capacidad de atender nuestras peticiones laborales. Las escuelas no han recibido el aporte alimenticio y no se han acondicionado; no hay un plan para eso. Además, están la escasez de gasolina, las fallas eléctricas y de internet", expresó Padrón.
