El Gobierno de Nayib Bukele quiere vender una narrativa de película en la que por la fuerza logró erradicar todos los males de su país. Pero detrás de sus puestas en escena sigue vigente una realidad que solo programas sociales de fondo podrán solucionar
Por: Glenda Girón
Desde el miércoles 15 al domingo 19 de marzo recibí no menos de 300 solicitudes de seguidores en Twitter. Y tuve que bloquear a más de mil usuarios que arremetieron con insultos de todo tipo. Esto sin contar las que recibí en otras redes sociales que mantengo privadas y limitadas solo a quienes conozco.
Esta inusual ola de interés en mí coincidió con que me invitaron a una entrevista virtual en el programa «El show de medio día», que transmite la televisión abierta en República Dominicana. La productora que me contactó dijo que «los conductores han escuchado mucho de Bukele y quieren hablar con una periodista que esté en el país para que dé su opinión». «Ok», dije yo. Eso lo puedo hacer.
El asunto, para mí, no fue lo que esperaba. Y yo, para ellos, tampoco. Mientras estaba sentada en la sala de mi casa con la computadora al frente y el micrófono todavía cerrado, lo primero que vi en ese programa fue un fragmento del video del traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha dado a la tarea de difundir desde sus cuentas personales. Y, a la vez, escuché muchos aplausos y gritos de aprobación. «Ok, esto va a ser interesante", pensé y suspiré.
Cuando abrieron mi micrófono saludé y les pregunté si sabían que el presidente Nayib Bukele tiene experiencia en el campo de la publicidad. Y que el video que estaban viendo era resultado de la manipulación de las narrativas
Cuando uno de los presentes en el estudio dijo que esa era una «dictadura en la que quisiera vivir», vi cómo Ivonne Ferreras, la única de los conductores que ejerce como periodista, se levantó y salió de cámara muy indignada. Yo todavía no había dicho ni una palabra. Los demás panelistas de ese show siguieron gritando su euforia en apoyo a medidas que se les antojaban “necesarias y replicables".
Cuando abrieron mi micrófono saludé y les pregunté si sabían que el presidente Nayib Bukele tiene experiencia en el campo de la publicidad. Y que el video que estaban viendo era resultado de la manipulación de las narrativas y no un reflejo integral de lo que nos sucede como país.
Palabras más, palabras menos, apunté a que el monopolio de los recursos discursivos deja en desventaja a muchas personas que, lejos de sentirse más seguras, sufren las consecuencias de un régimen autoritario y punitivo. Discursos que por redes sociales y medios afines al gobierno apuntan, por ejemplo, a afirmar que el régimen de excepción ha solucionado por sí solo la inseguridad, o que los más de 60 mil capturados son todos pandilleros y delincuentes. Porque juzgar a un país por un video es un acto de simplificación extrema que sólo puede ser producto de la ignorancia, de la desinformación o de la ambición por quedar bien con poderes totalitarios en detrimento del bienestar de las poblaciones.
A partir de ese momento, muchos de ellos llegaron a gritar en sus intervenciones, algo que justificaron en que así son siempre. En ese momento ellos supieron que yo no estaba ahí para validar las acciones de un gobierno que durante un año ha suspendido la libertad de asociación y reunión, el derecho a la privacidad de las comunicaciones y a la defensa. Así que lo que siguió en esos minutos restantes de la entrevista se parece mucho al guion con el que el presidente Bukele y sus aliados atacan a la prensa y a otras organizaciones. Y acá va un desglose frase por frase.
“Usted defiende delincuentes". No, no estar de acuerdo con que la principal preocupación del gobierno sea compartir un video con imágenes sádicas para decir que “esta vez sí se han dado golpes a la criminalidad", no significa defender a los delincuentes.
El Gobierno de Bukele ha transformado a esta colonia del municipio de Soyapango en otro escenario de sus videos manipulados para demostrar a los medios internacionales la bondad de su proyecto autoritario
Esta no solo es una narrativa excluyente y punitiva, sino que también ofrece una falsa sensación de seguridad. Nada construido sobre suspender los derechos mes a mes, durante un año completo, en forma virtualmente indefinida, puede solucionar un problema de causas tan múltiples y complejas como la inseguridad. Esta no se limita, tampoco, a la delincuencia. Porque las amenazas no llegan solo de grupos criminales sino, como vemos en El Salvador, desde los cuerpos de seguridad cuando la tradición ha sido prescindir de mecanismos para fiscalizarlos y controlarlos, incluso, de los Acuerdos de Paz firmados en 1992.
“Pero El Salvador está mejor". Esta es una de las falacias más usadas para justificar las medidas punitivas y los resultados a muy corto plazo. Entre ellos se destaca el desplome de los homicidios, un dato discutible que el Gobierno, además, se ha encargado de promover con muy poca transparencia estadística. Atribuir la baja de los asesinatos a las medidas de militarización de territorios, como hace el gobierno, no es exacto. Hay que decir a la par que el Gobierno ha manipulado las cifras, ha controlado las instituciones que las elaboran, desmantelado las herramientas de información pública y deshumanizado los resultados.
Y hay otras maneras de desestimar este enunciado. La que voy a elegir hoy es el fenómeno de La Campanera, una comunidad del área metropolitana de San Salvador. Esta fue por décadas una comunidad excluida cuyos habitantes tuvieron que cargar con la violencia física y también con los prejuicios sociales.
Con el régimen de excepción el régimen ha “pacificado" La Campanera, en un proceso muy mediático. Al punto de que un desfile de repartidores en motocicleta sirvió para anunciar que el servicio de entregas a domicilio volvía a estar activo en la zona. Como esto, las autoridades han compartido toda clase de de imágenes que dan cuenta de la recuperación de espacios para el deporte o para el comercio. Hasta ahí, el guion funciona. Pero las soluciones sociales de fondo no son tan simples. No dependen de campañas electorales ni se pueden limitar al silencio de las armas.
La Campanera no es segura. ¿Por qué? Por esto: si los cuerpos de seguridad que ahora ocupan La Campanera cometen abusos o excesos de violencia, ¿con quién se van a quejar las víctimas? ¿Quién va a defenderlas o, al menos, a creerles, si todas las instituciones están controladas por un Gobierno que insiste en que este es el país más seguro? Por eso el Gobierno central no debería manejar a su antojo todas las instituciones. Por eso es importante que los poderes Legislativo y Judicial se mantengan separados e independientes. Y por eso es indispensable poder verificar y certificar, con mecanismos que las leyes ya establecen, todo lo que el Gobierno califica como logro.
El Gobierno de Bukele ha transformado a esta colonia del municipio de Soyapango en otro escenario de sus videos manipulados para demostrar a los medios internacionales la bondad de su proyecto autoritario. Pero la seguridad de las sociedades se mide también en aspectos integrales que incluyen educación, salud, empleabilidad y espacios para la convivencia. El progreso llega cuando los países construyen un sistema de oportunidades propio y adecuado a las necesidades de todos los habitantes. Y para llegar ahí falta mucho, mucho. Para empezar, no se puede mientras el régimen de excepción siga vigente.
“Pacificar" por las armas zonas tradicionalmente marcadas por la violencia física y social solo sirve para colocar ahí los reflectores, mientras otros espacios quedan a oscuras. Las comunidades del Bajo Lempa, a varios kilómetros de la capital, han sufrido las detenciones de sus miembros, entre ellos menores de edad. Estas personas no pueden solo ser relegadas a “daño colateral" en función de que a La Campanera ahora ya pueden llegar los repartidores de pizza. Los derechos humanos deben ser universales, irrevocables e irrenunciables.
“Denos pruebas". Cuando la entrevista llegó a este punto, el anfitrión principal me pidió que le enviara publicaciones que sostuvieran mi postura. Cometí el error de decirle que con gusto se las podía enviar. Ahora, sin la presión de sus gritos y del tiempo, sé que yo no tengo ninguna obligación de presentar eso a lo que este entrevistador y otras personas llaman “pruebas". Porque, además, toda persona que vaya a hablar del caso de El Salvador y a proponer eso para su propio país tiene la obligación de conocer a fondo las medidas que el Gobierno de Bukele ha puesto en marcha, y sobre todo sus verdaderas consecuencias.
Se me hace muy difícil confiar en medios, periodistas y políticos a los que, a su vez, se les hace fácil endosar apoyos a un Gobierno con base solo en lo que ven en redes sociales
Pero, de nuevo, la realidad está muy lejos del deber ser. Junto con el de República Dominicana, gran cantidad de programas de televisión se han prestado a hacer eco de los videos sádicos de Bukele sin el mínimo esfuerzo por el equilibrio informativo. Es como un fenómeno mercadológico. Algo que debería ofendernos mucho como salvadoreños, ya que la realidad que vivimos, los riesgos que corremos y los derechos que perdimos no han tenido cabida en ese spot, en esa estrategia de mercadeo que pinta que la violencia ha encontrado un fin en más violencia.
Así, este mensaje publicitario no solo ha llegado a una gran cantidad de cuentas de redes sociales que lo replican, sino que también ha encontrado eco en medios de comunicación, que por ejemplo en Colombia o en Honduras hacen ver a Bukele como un milagro. ¿Cómo puede sumarse alguien tan alegremente a un discurso que invisibiliza poblaciones vulnerables? ¿Cómo pueden creer que las pandillas que han aterrorizado por décadas al país completo y a otros vecinos son solo esos hombres que caminan hacia la nueva cárcel descalzos y semidesnudos? Y, lo que es peor: ¿Cómo pueden creer que esos videos nos acercan a la justicia social que tanto necesita una sociedad pobre, castigada y violentada como la salvadoreña?
Se me hace muy difícil confiar en medios, periodistas y políticos a los que, a su vez, se les hace fácil endosar apoyos a un Gobierno con base solo en lo que ven en redes sociales.
“Es de oposición, está parcializada". Esta frase busca aventar a la prensa a quienes no comulguen con el Gobierno. También aplica para organizaciones de defensa de derechos humanos y para cualquier persona que se muestre en desacuerdo con las medidas tomadas por el Gobierno de Bukele y sus aliados.
Por años estos sectores nos hemos visto sometidos a una ola de ataques de quien tiene todo el poder. El mismo que, apoyado siempre en su popularidad, no tendría que sentirse amenazado por las opiniones de quienes no están de acuerdo con su desprecio por los derechos humanos. Pero resulta que le preocupan, y mucho, esas personas organizadas que se enfrentan a sus narrativas acomodadas para sus intereses. ¿Por qué? Porque el mundo no se puede enterar de que acá, pese a los numerosos intentos por extinguir la expresión diversa de la organización civil, ese fuego no se ha apagado. Hay luz.
Así es como el Gobierno ha usado el régimen de excepción como una herramienta para neutralizar a las personas para que no puedan luchar ni por los derechos más básicos. Este gobierno que se ufana de su popularidad y del poder que ejerce sobre las instituciones no le teme en realidad a la existencia de una corriente opositora. Le teme a la Constitución, a las leyes, a la opinión pública cuando defiende intereses humanos. El enemigo de este Gobierno no es la prensa; es la razón, que esta no está de su lado.
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