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Caracas.- Presionado por la crisis económica y los efectos de las sanciones de Estados Unidos, el gobierno de Nicolás Maduro espera dar luz verde en su parlamento al proyecto de Ley Orgánica sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE), una propuesta con la que el chavismo pretende atraer nuevas vías de financiamiento desde el exterior.
El proyecto de ley, aprobado en primera discusión el pasado 27 de abril en la Asamblea Nacional, está compuesto por 26 artículos en cinco capítulos, en los que se propone estímulos fiscales, tributarios y financieros como la devolución automática, total o parcial, de impuestos a la importación de bienes, equipos, herramientas y materiales por un período de hasta diez años.
Los inversionistas también podrán acceder a beneficios de devolución total o parcial del impuesto sobre la renta (ISLR) e impuesto al valor agregado (IVA) por el mismo intervalo de diez años, al igual que exenciones legales vinculadas a la importación y exportación de materias primas para la producción en las ZEE. A falta de un segundo debate parlamentario, la propuesta ya es catalogada por sus promotores, entre ellos Maduro, como una “ley hija y complementaria" a la cuestionada Ley Antibloqueo, que le proporcionó al gobierno margen de maniobra legal y poca obligación de rendir cuentas para firmar nuevos acuerdos con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras.
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De esta manera, Maduro apuesta por construir su nuevo “modelo de desarrollo nacional" mientras enfrenta una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, solapada por una continua recesión económica desde 2013, que ha arrasado con casi el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según cálculos de la consultora financiera Ecoanalítica.
Pero ¿qué son las Zonas Económicas Especiales?
Creadas hace más de 50 años, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son áreas geográficas delimitadas dentro de un país, donde las reglas de negocios son diferentes, es decir, con más facilidades de las que prevalecen en todo el territorio nacional. Su principal propósito es eliminar barreras que impiden la inversión, como falta de gobernabilidad, de infraestructura, de acceso a la tierra, buscando convertir a las áreas económicamente pobres en áreas generadoras de riqueza y empleo. A pesar de que no existe un censo oficial, se estima que actualmente existen en el mundo más de 4,300 zonas económicas especiales (en 1995 existían 500) en 60 países y que emplean a más de 68 millones de personas.
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En el caso de Venezuela, el proyecto de ley plantea el “desarrollo de actividades económicas de inversión pública, privada, mixta y comunal" en dichas zonas, bajo la aprobación del Presidente de la República, el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y la Oficina Nacional de las Zonas Económicas Especiales. “No son cápsulas ni son enclaves, son motores de desarrollo que trascienden en Zonas Económicas Especiales y que arrastran al resto de la economía", explicó el diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Jesús Faría, durante una audiencia pública que se realizó en Caracas junto a diputados del parlamento controlado por Maduro.
¿Dónde se desarrollarían las ZEE?
Faría adelantó que estos asentamientos serán ubicados en lugares cercanos a puertos, aeropuertos, fronteras, en los yacimientos de recursos naturales, zonas industriales y hasta en empresas que pueden calificarse como tal, si «la estrategia de desarrollo» lo estima pertinente. De hecho algunas ya se encuentran activas, mientras que el resto podrían ubicarse en estados como Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, La Guaira, Nueva Esparta, Miranda, Táchira y Zulia.
Al respecto, el vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, Rodolfo Sanz, detalló en una entrevista a Unión Radio que el proyecto también contempla la inclusión de la región oriental, igualmente Bolívar y Amazonas, donde hay minerales y recursos estratégicos, asimismo una Zona Económica Occidental de industrias Petroquímicas.
Según Faría, la propuesta se inspiró en las experiencias de China, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre otras. Desde gremios como Consecomercio aseguran que revisarán la propuesta, aunque reconocen su atractivo, por lo que se explotan, “en conjunto con una serie de elementos" para el sector privado.
En un reciente artículo de opinión, el economista José Guerra señaló que si bien las zonas económicas representan la instauración de “maquilas", sus beneficios solo se podrán manifestar de “darse un conjunto de condiciones que ahora no parecen estar presentes en Venezuela salvo lo barato de la mano de obra y la ausencia de sindicatos".
En este sentido, aliados del chavismo como Partido Comunista de Venezuela (PCV) y economistas afines a ese sector se han desmarcado de la iniciativa del madurismo al considerarla cercana a una política “neoliberal" y de libre mercado que normaliza la “violación de los derechos laborales, mayor explotación al trabajador, bajos o ningunos impuestos y exportaciones". Aun así, el diputado Jesús Farías ha defendido que “las Zonas Económicas Especiales van a desarrollarse bajo la rectoría del Estado", que asumirá, según dijo, un rol de “vigilante, regulador y garante" de los proyectos de inversión que cuenten con el visto bueno de Maduro, es decir, mayor centralismo en el desarrollo del país.
