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Caracas.- Yoel* observa los alrededores de un boulevard al este de Caracas. Es vendedor en una zapatería pero la pandemia de COVID-19 también lo ha convertido en una suerte de centinela.
“Todo el mundo pa’ dentro que se vienen los pacos (sic)", avisa por una radio que saca de su bolsillo. De inmediato, una decena de comercios cierra sus puertas a la espera que se retire un grupo de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para volver a tener sus santamarías entreabiertas.
Además de la zapatería de Yoel, otros comercios dedicados a la venta de ropa, artículos deportivos e incluso tecnológicos, todos excluidos de los sectores priorizados para laborar durante las semanas radicales del plan 7+7, se suman a esta modalidad de venta escondida para eludir las restricciones que impone la cuarentena por el coronavirus.
A mediados de marzo pasado cuando se registraron los primeros casos de COVID-19 en el país, el gobierno de Nicolás Maduro prohibió abrir negocios a excepción de los dedicados al expendio de alimentos, medicinas, y otros productos y servicios calificados esenciales. Aunque en junio anunció un plan de flexibilización escalonada con periodos de confinamiento estricto, en los cuales los comercios no priorizados deben permanecer cerrados.
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“Ese esquema ha sido nefasto para los comercios. Prácticamente nos están llevando a la quiebra", dijo Ricardo Gutiérrez* quien administra una tienda de productos de iluminación en el municipio Chacao del estado Miranda. Él también ha optado por abrir su negocio en semanas de cuarentena para intentar conseguir alguna ganancia. Con ello espera hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el virus, aunque asumiendo riesgos con las autoridades.
“No hay ninguna garantía pero no tengo de otra porque debo cumplir mis compromisos con proveedores y ahora la alcaldía subió el cobro del aseo urbano y así con las pocas ventas que tengo en las flexibilizaciones no es suficiente para sostener mi local", relató Gutiérrez.
Para el segundo semestre del año, más del 30% de los comercios podrían estar al borde del cierre total debido a los efectos del confinamiento, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).
El coronavirus llegó a Venezuela para agravar una crisis de un país que cumplió su tercer año en hiperinflación, mientras la contracción de su economía se encamina a su séptimo año consecutivo. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano de 25% para finales de 2020.
Consecomercio, que ha propuesto un plan de desescalada controlada, ha pedido que exista continuidad laboral de todos los sectores para recuperar un poco el flujo de caja, pues “trabajar una semana sí y otra semana no, no le sirve a ninguna actividad productividad". Los datos ofrecidos por Consecomercio reflejan que solo dos de cada diez compañías privadas del país han podido operar sin interrupciones durante esta pandemia.
Las otras ocho empresas que permanecen cerradas durante las semanas de encierro casi total también requieren operar y generar ingresos, para garantizar tanto el pago de nóminas como los impuestos que sustentan al fisco nacional.
Sin embargo, salvo por inclusiones de nuevos sectores al plan 7+7 -recientemente ciertas áreas del sector turístico-, el programa de reactivación elaborado por los gremios empresariales ha sido desestimado por la administración de Maduro.
Ricardo, entre tanto, contó que, aunque sabe que no tiene autorización para trabajar en los periodos de confinamiento, en su zona la policía municipal les ha otorgado cierta flexibilidad. “Vienen y nos hacen advertencias pero luego nos dejan trabajar generalmente desde las 8:30 am hasta las 12:30 pm, como máximo hasta 1:00 pm. El problema llega cuando se trata de la PNB y la Guardia Nacional porque se ponen más estrictos", dijo.
Algunos comerciantes denunciaron haber sido víctimas de extorsiones en dólares por parte de efectivos de seguridad, desplegados por el municipio mirandino. “Justo esta semana cerraron una tienda de electrónica cercana, aunque ellos habían comenzado a vender alimentos para poder trabajar, solo por negarse a pagar una vacuna (sic)", denunció el administrador de una ferretería en Chacao.
Aunque el país ha vivido un desconfinamiento de facto desde mayo, desde el Palacio de Miraflores se insiste en mantener el sistema de cuarentena intermitente, que afecta principalmente al aparato productivo del país y que ha sido cuestionado por organismos como Fedecámaras por su falta de efectividad para controlar la propagación de casos de COVID-19.
De acuerdo con el último reporte del régimen de Maduro, un total de 95.445 casos de coronavirus se han registrado en Venezuela desde que comenzó la pandemia. De esta cifra 90.359 personas se han reportado recuperadas. En cuanto a las muertes ascienden a 834.
El pasado 8 de noviembre, el gobernante socialista afirmó que si se mantienen los controles sobre el COVID-19, “podríamos tener flexibilización especial" en diciembre. El mandatario adelantó que el equipo de la Comisión Presidencial del COVID-19 de su administración evalúa que dicha flexibilización se extienda desde el 1 al 31 de diciembre.
Hasta ahora las autoridades no han explicado cuáles serían las nuevas condiciones los comerciantes, aunque el sector clama por facilidades en el ejercicio de sus labores que les permita reponerse en el cierre del año.
*Los nombres fueron cambiados por petición de los entrevistados
