Caracas.- En el sector empresarial venezolano persiste la preocupación por las recientes acciones del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro en contra de la propiedad privada, empresas y localidades de personas naturales.
Se trata del Censo 2020 que se relaciona directamente con el plan “Ubica tu casa", donde el objetivo es hacerse de casas y apartamentos de ciudadanos que están fuera de Venezuela para hacer entrega de estos a poblacion sin vivienda. Esto fue desmentido, la semana pasada, por el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, quien acusó a la oposición de divulgar noticias para afectar al gobierno bolivariano.
Para las empresas privadas, la lista es larga. El caso más reciente lo constituye la toma de la fábrica de productos Kellog´s, de capital estadounidense. El 15 de mayo de 2018, Nicolás Maduro ordenó su expropiación y, hasta el presente, octubre de 2019, no se ha desembolsado ni un dólar a los antiguos dueños.
Sobre el tema, el presidente de Conindustria, Adán Celis Michelena, señaló a El Pitazo que “es el típico caso de expoliación o robo. La empresa está valorada en 72 millones de dólares, se ubica en el estado Aragua y fue tomada por un grupo de trabajadores y por el gobernador de esa entidad, de tendencia pro Maduro. En la actualidad, la producción es mínima, apenas 15% de su capacidad instalada y lanzó al mercado dos líneas de cereales».
Michelena agregó que «los dueños anunciaron la demanda ante instancias internacionales y seguramente el gobierno de Maduro será condenado a pagar, como ha pasado en otros procesos similares".
Además informó que, hasta ahora, año y medio después de la intervención, “la fábrica funciona a su mínima capacidad y solo tiene una línea de producción activa".
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-La empresa estadounidense amenazó con demandar al gobierno de Maduro por la expropiación no pagada ¿Qué expectativas tiene el sector empresarial ante la política de tomas de fábricas de privados?
-Estamos hablando de una expoliación, pues no se ha pagado ni un dólar a sus dueños originales. Esa fábrica tiene un costo aproximado de 72 millones de dólares y no dudamos de que será interpuesta una demanda en contra del régimen. Seguramente perderá la demanda en instancias internacionales como ha pasado con otras empresas.
Finalmente, Adán Celis insistió en que el cambio de modelo político y económico en el país es imperativo, “hasta que no haya cambio de políticas y actores el país está condenado al fracaso".
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