Caracas.– Nicolás Maduro propuso este 1 de mayo crear una ley que establezca un aporte mensual de los empresarios —calculado según sus ingresos netos— dirigido a mejorar los ingresos de los pensionados. De acuerdo con el economista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Crespo, este anuncio es una muestra de la ineficiencia del Estado y aseguró que hablar de creación de fondos genera incertidumbre y desconfianza.
La Ley Especial de Aporte de los Empleadores para la Protección de las Pensiones fue presentada y discutida este 2 de mayo por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, ante la Asamblea Nacional.
Nicolás Maduro propone ley para que empresarios den un aporte mensual a las pensiones
Crespo puntualizó que los parámetros de creación de este fondo no están definidos y dijo que es una ley que no está a la mano de los venezolanos para que conozcan de qué trata. Asimismo, indicó que es un anuncio más que busca crear la ilusión de que se están definiendo políticas públicas hacia los jubilados y pensionados, unos de los sectores más afectados por la destrucción del salario mínimo.
«Los anuncios de creación de fondos ponen en evidencia o generan la sensación de que no es una política o una estrategia que va a beneficiar a la gran cantidad de personas o de necesitados en el país«, comentó el economista en entrevista vía telefónica con el El Pitazo.
En ese sentido, el docente explicó que durante los últimos 25 años, el Gobierno se ha caracterizado por el uso de estas estructuras para manejar de manera discrecional múltiples recursos públicos. La información sobre esos fondos no está a la mano de cualquier ciudadano, que tiene derecho constitucional a conocer sobre la gestión de los dineros públicos.
Entendimiento entre Gobierno y empresarios
Crespo destacó que la Ley Especial de Aporte de los Empleadores para la Protección de las Pensiones estará calculada sobre los ingresos netos de las empresas, lo que se hará luego de evaluar la capacidad que tengan y sus ingresos versus sus egresos.
Crespo considera que este proyecto ya se discutió con los gremios empresariales, pues recordó que en los últimos meses han trabajado en varias leyes en conjunto con el Estado venezolano, así como ocurrió con la Ley de Armonización Tributaria.
Nicolás Maduro deja congelado el salario mínimo en 130 bolívares
«Existe una alta posibilidad de que hayan estado trabajando este proyecto, así como han estado llegando a acuerdos particulares en distintas áreas y sobre distintas necesidades y requerimientos», destacó el profesor.
Crespo considera que hay un gran entendimiento hoy en día entre los empresarios y el Gobierno. «No nos debe parecer extraño que se estén armonizando en función de esta ley, tratando de buscar recursos», puntualizó.
Destrucción de las pensiones
Luis Crespo precisó que hablar de pensiones es hablar de un número importante de venezolanos que requieren de unos ingresos para satisfacer necesidades. Sin embargo, el sueldo mínimo en Venezuela no se aumenta desde 2022 y se ubica en 130 bolívares mensuales, unos 3,5 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
Aseguró el docente que la destrucción del salario en el país, que está congelado desde hace 779 días, también afectó los aportes de los trabajadores a los fondos de pensiones y al Seguro Social.
«En la Ley Orgánica del Trabajo está establecido que las jubilaciones están relacionadas con el salario mínimo, pero al destruirlo se han destruido las pensiones y las jubilaciones de más de 5.2 millones de venezolanos en este país», destacó el analista.
En ese sentido, Crespo dijo que este anuncio no pasa a resolver los problemas y necesidades de los pensionados en este país, como tampoco lo hacen «la política de desalarización, que también afecta a los trabajadores venezolanos, el valor del trabajo y la idea de poder recuperar el trabajo productivo en el país».
Anuncio con contenido político
Crespo consideró que el anuncio de esta ley tiene «gran contenido político en medio de un escenario que nos encamina a más posibilidades de cambio» el próximo 28 de julio, cuando se realizarán las elecciones presidenciales.
«La nefasta política del Gobierno continúa desarrollándose. El anuncio del 1 de mayo se hizo para intentar crear la sensación de que se atiende a uno de los sectores más vulnerados y afectados por la política de destrucción de los salarios en Venezuela», precisó.
Por último, el economista cree que en el país hay una expectativa de cambio importante para los trabajadores, jubilados y pensionados: que en el futuro se coloquen sus necesidades en las políticas públicas, entendiendo las limitaciones y los problemas del país. Sin embargo, consideró que no pueden ser solo los trabajadores jubilados y pensionados los que paguen la crisis.
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