Junta Ad Hoc de Pdvsa pide anular contratos sobre la emisión del bono 2020

La directiva nombrada por Juan Guaidó y la AN afirman que honrarán los compromisos de la República mientras que hayan sido suscritos de forma legal. En el caso de los bonos 2020 se alega que no tuvieron aprobación del Poder Legislativo, como lo establece la Constitución, y por lo tanto son nulos

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Expertos cuestionan la gerencia de Pdvsa en tiempos de revolución | Foto: Archivo
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La Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en coordinación con las filiales Pdvsa Petróleos S.A. y PDV Holding, Inc, demandó la nulidad de los contratos suscritos en 2016 por la estatal venezolana bajo el gobierno de Nicolás Maduro con los cuales se emitió el bono 2020.

La demanda fue presentada por la Junta Administradora, nombrada por el presidente de Gobierno interino Juan Guaidó, ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York y en contra de Mufg Union Bank, NA y GLAS Americas, LLC, “en sus capacidades como fideicomisario y agente colateral de los Bonos Senior Garantizados 8,50% de Pdvsa con vencimiento 2020", conocidos como los Bonos Pdvsa 2020.

La información fue compartida en Twitter por la Junta Ad Hoc y por el Centro de Comunicación Nacional del Gobierno interino.

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“Esta operación fue cuestionada por la Asamblea Nacional (AN) antes de la emisión del bono, no solo su racionalidad financiera sino además, el colateral sobre un 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc. Con esta transacción el régimen de Maduro no solo agravó la situación financiera de Pdvsa, sino además, colocó en riesgo el activo más importante de Pdvsa en el exterior", se lee en un comunicado del Gobierno interino emitido este martes.

Resaltan que la AN y el Gobierno interino reconocerán los compromisos financieros legítimos adquiridos durante la gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, previa evaluación de que los reclamos no se basen en contratos suscritos en violación de la Constitución.

Con el Bono Pdvsa 2020, por ejemplo, la Junta Ad Hoc argumenta que se emitieron sin la debida aprobación de la AN, como lo establece la Constitución, por lo que son inválidos, ilegales y nulos. Se incluyen todos los contratos compromisos, documentos y obligaciones del caso.

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