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Los Teques.- Comerciantes del municipio Guaicaipuro denunciaron que la alcaldesa, Wisely Álvarez, emitió dos decretos con los que aumenta los tributos e impuestos de negocios que los llevarían a pagar hasta 2.000 dólares para obtener una licencia de negocio.
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En un comunicado firmado por los comerciantes de esta subregión, enviado este martes a El Pitazo, se señala que se publicaron los reglamentos que contienen el aumento de los impuestos en el municipio Guaicaipuro, de acuerdo con dos proyectos de ordenanzas propuestos por la funcionaria para modificar la actividad económica en la jurisdicción.
Según lo denunciado por los empresarios, el primero de los proyectos consistía en crear la Unidad Tributaria Municipal anclada al Petro fluctuante, denominada Unitguaicai, y el segundo una reforma de la Ordenanzas de Actividades Económicas.
Las propuestas fueron aprobadas en sesión de Cámara Municipal con las observaciones de adaptarse a la realidad actual, en medio de la pandemia mundial y con consideración a la recesión económica que afecta a la economía nacional y local.
Los dos reglamentos, que establecen el aumento de los impuestos en la capital mirandina, generaron el rechazo de los comerciantes de la zona, que lo califican como un acto ilegal que viola la sentencia del TSJ, en el que obliga a los municipios a suspender el cobro de impuestos por un lapso de 90 días, mientras se realizan mesas de trabajo.
Una vez aprobadas las dos ordenanzas por el Concejo Municipal se le remitió a la alcaldesa para su promulgación, acto al que se habría negado rotundamente por considerar que el texto no fue aprobado de acuerdo con la fiel redacción de la autoridad municipal.
Con la aplicación de estas ordenanzas, y de acuerdo con lo señalado en el comunicado de los denunciantes, montar una bodega en un barrio y legalizar un negocio requiere un trámite en Hacienda, para lo cual, según los decretos de la alcaldesa, se deben pagar 50 Unitguaicai, que multiplicado por el precio del Petro fluctuante equivale a casi 2.000 dólares.
Los denunciantes reiteran que es ilegal el aumento de los impuestos de forma desproporcionada, contrario a lo señalado por el Ejecutivo nacional y Poder Judicial, en una sentencia donde obliga a los municipios a suspender el cobro de impuestos por un lapso de 90 días, mientras se realizan mesas de trabajos entre comerciantes, empresarios, gobiernos estatales y locales para armonizar dichos impuestos, “lo cual la alcaldesa ha hecho caso omiso, cayendo en un posible desacato de ley", finaliza la denuncia.
