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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió el viernes 6 de noviembre una demanda contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, introducida por un grupo de ahorristas afectados tras la intervención en 2019 de dos entidades filiales del Banco Occidental de Descuento (BOD).
Entre los 20.000 clientes del Banco del Orinoco de Curazao y el Boi Bank Corp de Antigua y Barbuda, afectados por la medida aplicada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y las autoridades de esos países, un grupo de representantes acudió para exigir ante el poder judicial la devolución de sus ahorros bloqueados en moneda dura, una cifra que en total se estima que podría alcanzar los 1.000 millones de dólares.
La intervención del BOD forma parte de una cadena de medidas tomadas no solo por la superintendencia bancaria venezolana, sino por autoridades de Panamá, Curazao, República Dominicana y Antigua y Barbuda contra diferentes instituciones propiedad de Vargas y que formaban parte del holding Grupo Financiero BOD.
Vargas Irausquín es un empresario de 68 años egresado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Luego de empezar su carrera en la década de los setenta en un escritorio jurídico, en 1982 se inició en las finanzas con la creación del Banco Barinas, entidad que años después sería una de las más afectadas por la crisis bancaria que vivió el país en 1994.
En 1991 creó su primer holding empresarial, Cartera de Inversiones Venezolanas (CIV), compañía con la cual, en el marco justamente de la crisis bancaria, compró en 1994 la mayoría de las acciones del BOD, entidad que operaba en el país desde 1956 y para esa época figuraba en el puesto 28 de la lista de bancos venezolanos.
Como accionista mayoritario y presidente del BOD, Vargas emprendió un proceso de expansión con la adquisición en el año 2000 del Banco Noroco y Valencia Entidad de Ahorro y Préstamos, los cuales se convirtieron en Norval Bank. Este nuevo banco se fusionó a su vez, en 2003, con el Banco de Monagas y el Fondo de Activos Líquidos del BOD, lo que le permitió al BOD incursionar como una banca universal.
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Una de las mayores compras realizadas por BOD ocurrió en 2006, cuando la sociedad financiera adquirió a Corp Banca, entidad que a su vez había comprado en 1996 al Banco Consolidado, y empezó un proceso de fusión que se concretó en 2013 con su autorización por parte de Sudeban.
La fusión con Corp Banca permitió al BOD expandirse con más de 332 oficinas, 776 cajeros automáticos y 6.760 empleados para 2015, además de situarse como la cuarta entidad bancaria privada del país y ocupar el puesto 34 de la lista de los 250 mayores bancos de Latinoamérica.
Igualmente, en 2008 el empresario inició un proceso de adquisición del Banco de Venezuela, en aquel entonces filial del Grupo Santander, pero la negociación fue cancelada luego de que el banco fuera expropiado por el difunto expresidente Hugo Chávez.
En su página personal, Vargas destaca su participación en obras de responsabilidad social a través de la Fundación BOD. Igualmente, se mantuvieron activas las instalaciones del antiguo Centro Cultural Consolidado, el cual fue renombrado Centro Cultural BOD y es actualmente uno de los mayores espacios de Caracas dedicado a las artes plásticas, la música y el teatro.
En 2015, Vargas convirtió el holding CIV en el Grupo Financiero BOD, que además del mencionado banco, integra otras instituciones fundadas o compradas por el empresario, como el AllBank de Panamá; BOI Bank, de Antigua y Barbuda; Banco del Orinoco, de Curazao; y Bancamérica, en República Dominicana. También es dueño de entidades de mercado de capitales, como BOD Valores Casa de Bolsa, Corp Casa de Bolsa, BOD Fondos Mutuales, Element Capital y Plus Capital Markets en Panamá y República Dominicana.
En el plano de las empresas aseguradoras, Vargas es propietario de La Occidental, Global Care y Salud Care, así como del grupo Pymefactoring RD y Pational Leasing and Financial Corporation.
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Cadena de intervenciones
A pesar del éxito de su casa matriz en Venezuela, en septiembre de 2019 el Banco Central de Curazao y San Martín (Cbcs) retiró la licencia del Banco del Orinoco y anunció su intervención luego de descubrir que la entidad había mentido, presuntamente, sobre su capital, y había reportado activos por 55 millones de dólares que luego no pudieron ser confirmados, además de poseer múltiples y cuantiosas deudas. Luego de un largo proceso de auditorías, el Cbcs declaró en bancarrota al Banco del Orinoco al considerar que su situación financiera era deplorable.
A la caída del Banco del Orinoco siguió luego otro proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá contra AllBank, debido a su relación con el Banco del Orinoco, donde estaba depositada una cuarta parte de sus activos líquidos. Según el ente regulador panameño, AllBank no había acatado a tiempo las indicaciones para transferir su portafolio de inversiones y ajustarse a las leyes bancarias del país, lo que suponía «un peligro para los intereses de los depositantes y acreedores».
Esa medida produjo un efecto dominó que requirió también investigaciones a BOI Bank y Bancamérica en sus respectivos países, así como a las demás empresas afiliadas al Grupo Financiero BOD.
Pocos días después de la intervención del Banco del Orinoco, el 12 de septiembre de 2019, la Sudeban anunció una intervención administrativa por 120 días hábiles contra el BOD. Vargas aclaró en su momento que la acción no se trataba propiamente de una intervención, sino de una medida administrativa, algo que luego fue confirmado por la propia Sudeban, que en un comunicado señaló que legalmente el banco estaba bajo un Régimen Administrativo Especial de Intervención.
Ante la polémica suscitada por la quiebra del Banco del Orinoco, Vargas manifestó que la institución financiera se encontraba en proceso de cierre acordado en su asamblea de accionistas, pero que al solicitar la intermediación del Banco de Curazao para gestionar su liquidación, este tomó «medidas discriminatorias e irracionales» y ocultó información sobre los activos de la empresa, que según el holding, alcanzaban los 1.165 millones de dólares.
Vargas también pidió a través del Grupo Financiero BOD arbitraje internacional para mediar en el conflicto, pues afirmó que no se ha podido reembolsar los ahorros de sus clientes afectados por el cierre del banco debido a que el Cbcs mantiene bloqueados todos sus fondos.
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