La reforma a la Ley de Hidrocarburos sigue su marcha, “lenta pero segura", según indica la comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional.
El diputado Elias Matt, presidente de la comisión, aseguró que no tiene prisa y que trabajan desde hace cinco meses en construir consensos ante un “tema denso" como lo es el petróleo.
Una reforma que sale de las rondas del proyecto Plan País donde han participado expertos y sociedad civil y ahora le toca el turno a los partidos políticos. El documento legal que aún no tiene fecha para llegar a la plenaria del Parlamento, consta de ocho artículos.
La idea central sigue siendo darle cabida al sector privado, ya que actualmente Pdvsa no cuenta con los recursos para aumentar la producción. Esta participación de los privados no iría en detrimento del Estado, que seguiría con la mayoría accionaria de Pdvsa, “siempre".
Matta recordó que el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) que debe estarse publicando este jueves, podría arrojar que Venezuela solo está produciendo alrededor de 620 mil barriles de petróleo.
En junio, cuando se daban las primeras conversaciones, el diputado Luis Stefanelli llegó a decir que la reforma buscaba, “masificar la producción petrolera" y lograr que Pdvsa y claro, Venezuela, fuesen competitivas en el mercado internacional.
“El Estado seguirá siendo dueño de los pozos y seguirá rigiendo la política petrolera pero, como la idea es aumentar la producción y es algo que solo, el Estado no puede hacer, se manejarán las licitaciones. Así, el Estado no pone un centavo pero pudiera cobrar hasta 70 %", explicó en ese momento Stefanelli.
Precisamente las licitaciones son un eje fundamental de la ley. Se crearía la Agencia Venezolana de Hidrocarburos, la cual sería la encargada de manejar dichas licitaciones. “Un ente de apoyo al Ministerio de Energía y Petróleo que garantice la transparencia", según la definición que ofreció Stefanelli.
Con la creación de esta agencia, Pdvsa ya no sería juez y parte sino que participaría -y licitaría- como un actor más.
Por su parte, Matta sostuvo que este jueves se presentó formalmente el proyecto para reformar ocho artículos cuyo centro es “abrir al sector privado la exploración y exportación petrolera".
¿En qué se beneficia el Estado? En que en cada barril producido recibiría regalías “justas y necesarias", mientras que los privados tendrían garantías jurídicas, según Matta quien calcula que Venezuela tardará entre ocho y diez años para volver a producir dos millones de barriles y una inversión de casi 200 millones de dólares.
Dinero que no tiene el Estado en estos momentos, asegura el parlamentario.
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En cuanto a las empresas mixtas, que se calculan en unas 44, Pdvsa podrá tener o no participación.
Los términos y condiciones de los contratos también se revisarán en esta reforma ya que actualmente, “se colocaron camisas de fuerza", explica Matta.
Una de ellas que los trabajadores de las empresas mixtas tengan los mismos beneficios que los de Pdvsa.
Para Matta esta reforma es “integral" y la califica de “reforma de acupuntura".
Venezuela solo ha ha tenido dos leyes de Hidrocarburos. La de 1943 que estuvo vigente hasta 2001 cuando Hugo Chávez dictó una nueva vía habilitante y sin consulta, recuerda Matta.
Dentro de la comisión habría un consenso “por encima del 60 %", según el diputado. Sin embargo, el partido Voluntad Popular anunció que introducirá en unos 15 días un nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos que ahora también tendrá que ser debatido.
Entro los puntos “polémicos" en la reforma, está el permitirle a las empresas que puedan comercializar hidrocarburos, ya que en este momento se los tienen que vender a Pdvsa, la cual no paga.
Matta aclara que hay que discutirlo muy bien, ya que tampoco quieren que “se convierta en un elemento perturbador".
Todos estos cambios, aclara Matta, se darán una vez ocurra el cambio político.
Una Ley de Minas
La comisión de Energía también tiene otro frente abierto: la Ley de Minas. Un proyecto que busca que esta actividad se adapte a la “correcta" explotación en respeto al medio ambiente y que sea un negocio que genere impuestos transparentes y una taquilla única de pago.
Además, que quede claro cuáles serían las zonas de explotación y que las regalías queden claramente establecidas.
De acuerdo a Matta, la industria de la minería no solo acabaría con el hecho de ser un país monoproductor sino que, también, sería una industria que pudiese generar entre 10 mil y 15 mil millones de dólares de ingreso de 8 a 10 años cosa que no está ocurriendo.
Matta también recordó que el Arco Minero del Orinoco es ilegal pues la Asamblea no aprobó la creación de esta zona.
El proyecto de ley consta de 167 artículos.
El artículo 159 plantea la creación del Instituto Nacional de Geología y Minería (Ingeomin), que sería “un instituto autónomo con personalidad jurídica, autonomía funcional y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, adscrito al Ministerio con competencia en materia minera. El Instituto tiene su sede en Caracas y podrá establecer oficinas en otras ciudades del país".
El artículo 162 señala que el Ingeomin, “será dirigido y administrado por un Consejo Directivo integrado por un presidente y cinco directores con sus respectivos suplentes, los cuales serán de libre elección y remoción del presidente de la República.
El presidente del Instituto y sus directores deberán ser venezolanos de reconocida probidad, experiencia y competencia en el área geológico-minera y durarán cuatro años en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser ratificados en sus cargos.
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