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Caracas.- Luisa Vera y María Rodríguez son docentes con más de 10 años de experiencia y trabajan en la Escuela Básica Bolivariana Manuela Sáenz, ubicada en Los Teques, estado Miranda. Al comienza de año escolar decidieron que no pueden trabajar con la condiciones laborales que reclama el gremio desde 2018 y que desnudaron aún más la crisis durante la pandemia.
En un consejo de docentes, ellas se negaron a acatar la orden de Nicolás Maduro de dar clases online una semana y de forma presencial la siguiente. Luisa dijo, en esa reunión, que la institución no está en condiciones de recibir a los estudiantes y garantizar las medidas de bioseguridad y, en sus casas, la mayoría de los docentes no cuenta con teléfonos inteligentes ni conexión a internet.
Luego de eso, ya no recibieron la caja de alimentos subsidiados por el Estado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que sí aceptaron «colaborar» con las autoridades del colegio.
Además de las condiciones de vida de educadores, Luisa y María resaltan la falta de acceso a recursos tecnológicos de la mayoría de las familias de los estudiantes.
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Ni para el pasaje
Luisa, con 20 años de servicio, devenga un salario quincenal de 1.030.000 bolívares o 1,9 dólares de acuerdo con la tasa de cambio oficial. Ella explica que con ese ingreso no podría costear el pasaje desde su casa hasta la escuela, pues tendría que tomar dos autobuses y eso significaría un gasto diario de por lo menos 120.000 bolívares. En dos semanas se acabaría su sueldo.
Para sobrevivir, Luisa da clases particulares en su casa y cobra un dólar por hora, lo que le permite generar 30 dólares a la semana. Con eso y con el dinero producido por su esposo en un taller mecánico, su familia logra alimentarse.
La decisión de negarle un beneficio le parece injusta, pero, sobre todo, le parece indignante la crisis que atraviesa el sector educativo. «Es triste tener tantos estudios y tantos años de servicio para ganar dos dólares«, dijo.
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Un Estado injusto
A María le preocupa las injusticias que comenten las autoridades dentro del plantel, porque ellas no se negaron a dar clases pero insistieron en que no podían cumplir todos los días, como esperaba el supervisor; nadie les ofrece recursos para mejorar las jornadas laborales. «Nosotras siempre hemos cumplido, porque tenemos una vocación», manifestó.
Por ahora, María está ayudando a niños y niñas de su comunidad con las tareas, pero no cobra nada. El salario que aún devenga por su profesión, sumado al ingreso de su esposo, que es albañil, es lo que la ayuda a sobrevivir.
