Caracas.- Cerca de 50 educadores protestaron este martes 29 de octubre frente a la sede de la Alcaldía del municipio Sucre para rechazar la decisión de transferir a 1.500 profesionales a la nómina de la Gobernación del estado Miranda sin respetar el contrato colectivo y desmejorando así las condiciones laborales ya reducidas.
Miembros del Sindicato Unitario del Magisterio (Suma), el Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza) denunciaron que la medida se tomó sin comunicársele a los docentes y, además, afecta al personal obrero y administrativo.
Cerca de 20 instituciones son las que la alcaldía pretende transferir a la cartera estadal.
Larys Carbone, vocera de Sinvema, explicó que, al migrar a la gobernación, se desmejoran las condiciones de trabajo, porque la directiva de educación de esta institución no reconoce las especializaciones, por lo que la homologación de los salarios, de acuerdo con la experiencia laboral y el rendimiento académico de cada docente, queda obsoleta.
También se incumplen con la cláusula 42, que dicta que jubilados y pensionados del sector educativo contarán con iguales beneficios que los profesionales activos, y la 79 que establece: “La protección especial del Estado consagrada en virtud del fuero sindical se otorgará para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales".
William Piñero, encargado de asuntos gremiales de Sitraenseñanza, precisó que mientras la Alcaldía de Sucre establece un período de 20 años para la jubilación, la gobernación exige que sean 25. Entre los beneficios que se perderían también están los bonos vacacionales, los seguros funerarios y HCM.
Karla Naguanagua, docente con 15 años de ejercicio profesional, tiene doble cargo, estadal y municipal, y al ser transferida pierde uno de los dos, lo que se convierte en un despido indirecto. Contó que desde que comenzó el período escolar 2019-2020, representantes sindicales de Sucre se han reunido en tres oportunidades con la Dirección de Educación de la alcaldía y voceros del Ministerio de Educación y no hay acuerdos ni voluntad para generar cambios en el sistema.
Algunos docentes se negaron a declarar por miedo a ser perseguidos, como, según cuentan, ya está sucediendo en algunas instituciones. A finales de septiembre, representantes del Colegio de Profesores de Venezuela denunciaron la destitución de 16.000 profesionales a nivel nacional por razones políticas desde septiembre de 2018.
Tanto Larys Carbone, como William Piñero, afirmaron que las protestas continuarán, no solo para impedir que la medida de la transferencia se haga efectiva, sino para seguir insistiendo en los reclamos que ha hecho el gremio desde hace más de un mes: dolarización de los salarios, revisión del contrato colectivo, reivindicación de la profesión, restauración de los planteles que dependen del ministerio y la renuncia de Aristóbulo Istúriz. Manifestaron que mientras no ocurra un cambio político, las mejoras laborales no sucederán.
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