Caracas.- El TSJ del gobierno de Nicolás Maduro declaró inadmisible el recurso de nulidad y amparo cautelar contra la demanda de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) presentada por docentes y funcionarios de varios sectores.
La demanda solicita anular el más reciente instructivo emitido por la Onapre debido a que viola los derechos fundamentales de los trabajadores al suponer rebajas salariales, cálculos erróneos e irrespeto a la escala de cargos.
La Sala Político-Administrativa señaló que el recurso contencioso es inadmisible porque los demandantes incumplieron los extremos de ley, al no acompañar el libelo, con original o copia del supuesto acto administrativo, documento fundamental de toda demanda.
A continuación algunos puntos en clave de la decisión del TSJ:
- El juzgado declaró que “el pretendido documento en los términos aludidos de los requisitos formales y esenciales que lo conforman, no constituye un acto administrativo; siendo así, esta Sala advierte que estamos en presencia de lo que se conoce en la doctrina y la jurisprudencia como el acto inexistente", expone una nota de prensa emitida por el TSJ.
- Por lo tanto, el máximo tribunal exhortó a la abogada actuante a “no incurrir en faltas a la técnica procesal como la sentenciada" y a “no interponer acciones sin cumplir con los presupuestos esenciales exigidos taxativamente por la ley".
- El TSJ también criticó que las denuncias sobre el instructivo se utilizaron «para generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardinales» de la Constitución.
- El TSJ impuso una multa contra los demandantes además de ordenar una investigación por los organismos correspondientes. El monto de la multa será de “cincuenta veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela".
- Los afectados tendrán que pagarla en la Tesorería Nacional o ante cualquier institución financiera receptora de fondos públicos.
- Para el Supremo del gobierno de Maduro, la demanda carece de acción penal y es parte de una supuesta campaña mediática.
- De esta manera, ponen fin al proceso judicial existente desde el 14 de julio y el instructivo se seguirá aplicando con normalidad, ahora con una advertencia a quienes impulsan la “matriz comunicacional que se ha creado en los últimos meses".
- Según la argumentación legal presentada por el máximo tribunal, si el acto administrativo que lo hace vigente no existe, entonces el documento conocido como instructivo Onapre no puede ser de obligatorio cumplimiento.
- El recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la Constitución. El numeral 1 de su artículo 89 señala claramente: “Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales".
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