Caracas.- El director de la organización no gubernamental (ONG) Aula Abierta, David Gómez, expresó preocupación por la implementación de una posible ley de Educación Superior en Venezuela que, a su juicio, es una política de Estado que serviría de instrumento para controlar e intervenir a las universidades autónomas del país. “Es un proyecto de ley que concibe visiones ideológicas socialistas únicas", dijo.
En entrevista concedida a El Pitazo, Gómez indicó que esta propuesta de crear una ley de Educación Superior, surgida desde la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, en realidad es una pretensión del Gobierno nacional que, desde hace dos décadas, desea supeditar la actividad de la educación superior a la construcción de un proyecto socialista único.
“Es la reproducción del Estado docente, que concibe fundamentalmente el proceso educativo desde la construcción del socialismo, en el que se elimina el concepto de la diversidad de las corrientes del pensamiento, lo cual, además, en sí mismo es inconstitucional, porque el artículo 102 de la Constitución trata justamente estos principios elementales que son propios de la democracia, de la pluralidad de visiones. En otras palabras, de la universalidad", señaló.
El representante de la ONG apuntó que la intención es hacer una ley que, de alguna manera, reproduzca los contenidos del proyecto vetado que se pretendió implementar en 2010-211 por el fallecido presidente Hugo Chávez y “que fue justamente desaprobada por vicios de inconstitucionalidad, en el sentido que han circulado papeles de trabajo que, si bien no son oficiales, reproducen situaciones muy graves".
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Entre los principales aspectos que preocupan al profesor universitario se encuentra que el pretendido proyecto de ley no se ajusta a los estándares mínimos en materia de derechos humanos vinculados a la educación, como la libertad académica, libertad de expresión y libertad de asociación, entre otros derechos fundamentales.
“Quiero recordar que, recientemente, en el mes de diciembre fueron aprobados los principios interamericanos en materia de libertad académica y autonomía universitaria, que prácticamente es una regla universal, e implica una medida mínima que cualquier propuesta legislativa debe respetar. Son 16 principios y todos deberían aplicarse a la construcción de una ley universitaria", dijo.
Asimismo, ve como preocupante la amenaza a la autonomía universitaria. Expuso que con la aprobación de esta ley se establecerían facultades reglamentarias que, en concreto, después de que la universidad apruebe sus reglamentos, tendrían que ser autorizados por el ministro universitario y otros representantes del Ejecutivo, así como la creación de figuras de control e, inclusive, de acreditación a autoridades externas a la universidad o de figuras indeterminadas de la comunidad que podrían evaluar a la universidad o evaluar procesos de acreditación que no le competen, según indicó.
“Se sustituye, por ejemplo, órganos como el CNU (Consejo Nacional de Universidades), los Ceu (Consejos Estudiantiles Universitarios). Se desnaturaliza la figura del claustro universitario contemplado en el artículo 109, fundamentalmente conformado por profesores, estudiantes y egresados", puntualizó.
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