Caracas.- Yorbelis Oropeza quedó inmovil en medio de una sala del Palacio de Justicia. Todavía no logra asimilar la frase «16 años de prisión» pronunciada por la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque. La condena en contra de su esposo Alcides Bracho le volteó el mundo de un momento a otro, tal y como ocurrió hace un año cuando de manera arbitraria funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se lo llevaron detenido.
Luego de un año privado de libertad y tras enfrentar al menos ocho diferimientos de audiencias, finalmente el 1 de agosto se dictó una sentencia en contra de Alcides Bracho y otros cinco líderes sindicales por la presunta comisión de los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Los dirigentes fueron detenidos entre el 4 y 9 de julio de 2022 luego de participar en movilizaciones por los derechos humanos laborales, salarios justos y en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
16 años de prisión para los sindicalistas: aberración y ausencia de Estado de Derecho
Oropeza afirmó que estaba preparada para lo peor y no quedó sorprendida por la sentencia. Sin embargo, se sintió conmocionada y devastada al ver la actitud de la jueza dictando una condena «sin pruebas reales que mostraran un hecho en contra del Estado venezolano». Bracho tampoco esperaba un resultado distinto, pues desde el primer día supo a cuál sistema judicial se enfrentaba, de acuerdo con el relato de su esposa al equipo de El Pitazo.
«Esperar lo contrario en un sistema de justicia secuestrado es creer que este régimen actúa de buena fe y no es así. Nos enfrentamos a alguien que viola los derechos humanos y se aprovecha del poder para humillarnos. Me impactó ver cómo una persona puede ser tan miserable y cruel que lanza por la borda todo lo que estudió. La jueza es todo lo contrario a lo que debería ser un profesional del Derecho», expresó.
Una familia fragmentada
Yorbelis Oropeza es docente al igual que Alcides Bracho, quien es profesor universitario y artista plástico. Tienen 25 años de casados, una hija de 16 años y un hijo de 11 años. El futuro soñado y la vida que estructuralmente entendía como correcta se le vino abajo. Por momentos solo quiere quedarse acostada y que los días de sufrimiento pasen.
Sus hijos no conocen la noticia de la sentencia. Oropeza comentó que no tiene el valor de contarles lo que ocurrió este 1 de agosto y seguir generando dolor en la familia. Recientemente su hija de 16 años se graduó de bachiller y no estuvo junto a su padre, por lo que se encuentra afectada emocionalmente.
Lamenta que su familia esté fragmentada. Debido a las dificultades económicas para movilizarse de un sitio a otro junto a sus hijos, se encontró en la necesidad de dejarlos junto a una pariente. Además, dos sobrinos de Alcides Bracho que estaban a su cargo luego de la muerte de una de sus hermanas también fueron enviados a donde unas tías que pudieran hacerse responsables.
Durante la detención de Bracho en una sede policial de La Yaguara ha podido ver y conversar con sus hijos, pero Oropeza intenta que no estén expuestos a las precarias condiciones de hacinamiento e insalubridad que observan en un centro de reclusión.
«No los quiero enfrentar a tanto sufrimiento. Solo les hago saber que su papá no es un delincuente y que está en esa situación porque nos enfrentamos a un régimen dictatorial y porque siempre ha estado en contra de este sistema que nos ha llevado a la pobreza absoluta», relató la docente.
Incertidumbre y gastos
Este 2 de agosto Yorbelis Oropeza visitó a su esposo y él le transmitió palabras de fortaleza. Alcides Bracho intenta mostrarse bien emocionalmente ante su compañera de vida, pero ella asegura que está más delgado y decaído. «Me dice que seguiremos adelante porque esto es una lucha en contra de una tiranía. Está consciente de que no es fácil», agregó.
Una de las cosas que más le genera temor e incertidumbre son las condiciones en las que se encontrará su familiar en el centro penal a donde será trasladado. Precisó que desconocen cuál será el lugar de reclusión porque deben esperar alrededor de 20 días hábiles para que la jueza emita la sentencia.
«Me conmueve y me da tristeza ver que mi esposo esté preso, pero como familia nos aterra su traslado a los penales. Nosotros sabemos cuál es la situación carcelaria en Venezuela, además del gasto que eso representa», comentó Yorbelis Oropeza.
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Explicó que mensualmente el gasto es de entre 400 y 500 dólares para cubrir las necesidades de Alcides Bracho en su lugar de reclusión. Para ingresar a la sede policial tiene que pagar dos dólares y a diario debe llevarle comida y agua potable. Además paga para que su esposo esté en una celda con mejores condiciones de salubridad.
Se le hace imposible costear todos los gastos con su sueldo de docente, pero se dedica a realizar múltiples trabajos que le generen más ingresos. De igual manera, recibe ayuda económica de estudiantes que tanto ella como su esposo formaron y ahora se encuentran en el exterior. Familiares que viven en otros países también apoyan con dinero para comprar alimentos y cubrir otras necesidades.
Una sentencia escrita
Yorbelis Oropeza relató que tiene trabajo en exceso y se siente agotada, pero intenta sobrevivir y rendir el dinero para seguir de pie. Los días pasan y se siente sin fuerzas para continuar, pero se llena de fortaleza para seguir insistiendo en la justicia y no dejarse vencer.
«El amor hace que no quieras ver el sufrimiento del otro, pero sufres con esa persona. Una de las cosas que más hieren es ver a tu familiar en esa situación y no poder hacer una acción legal y justa que le permita salir de allí», afirmó.
Aseguró que la indefensión es total y no importa lo que hubiesen hecho porque ya la sentencia estaba escrita, pero «montaron una pantomima para decir que hay un proceso judicial y que se respetaran los lapsos».
«Te dejan sin mecanismos y con delitos que no tienen beneficios. No importa si el proceso está lleno de irregularidades, los fiscales se valen de la sombra que los acobija para actuar sin ningún conocimiento real de las leyes», finalizó.