Caracas.– Familiares del periodista Ramón Centeno y del joven Gabriel Guerra se apostaron este viernes, 12 de agosto, en las adyacencias del Palacio de Justicia de Caracas para exigir a las autoridades su liberación inmediata, pues ya tienen seis meses detenidos y no han obtenido respuestas.
Omaira Navas, madre del periodista, detalló a CN Visión que en la audiencia preliminar se les ofreció una admisión de hechos por los delitos de Tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación, pero estas fueron rechazadas.
Centeno fue detenido el 2 de febrero de este año, 11 días después de haberle realizado una entrevista a unos detenidos vinculados presuntamente al narcotráfico; junto a él se encontraba Gabriel Guerra, joven profesional detenido por el mismo caso.
La madre de Centeno resaltó que el estado de salud de su hijo cada vez está más deteriorado debido al trato cruel e inhumano, por lo que calificó esto como una violación a los Derechos Humanos.
«Incansablemente he insistido a las autoridades a cargo de este caso que por favor se aboquen a atender nuestro llamado para definir una fecha de juicio y hacer justicia. A mi hijo le arrebataron su libertad y derechos» dijo Navas a CN Visión.
Por su parte, en las adyacencias del Palacio de Justicia también se encontraba Katty Zambrano, madre de Gabriel Guerra, quien expresó que confían en una justicia sin dilación al agregar: «Queremos solicitar justicia y que por fin termine esta pesadilla a la que hemos sido sometidos como familia. No hay elementos para mantener a nuestros hijos presos».
También invitó a las autoridades responsables del caso a revisar los elementos que conforman la acusación y se den cuenta «de toda la maldad que hicieron».
Detención
La detención de Ramón Centeno y Gabriel Guerra fue parte de la operación «manos de hierro» que realizó el gobierno de Nicolás Maduro, en la que detuvieron a personas por su presunta vinculación a una red de narcotráfico dedicada a reclutar a funcionarios públicos.
Su detención la dio a conocer el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, quien aseguró que ambos formaban parte de la mencionada red.
Se les imputaron los presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. Actualmente se encuentran recluidos en la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en San Agustín, Caracas.