El Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP) presentó este miércoles 31 de mayo el primer informe realizado por el Observatorio Convivium de dinámicas comunitarias comunales, delincuenciales y la migratorias, el cual encontró que la mayoría de los integrantes en las comunidades del país resuelven los problemas estructurales de manera autónoma, específicamente en cuanto a servicios públicos y alimentación.
Los investigadores precisaron que no existen garantías gubernamentales, solo deterioro y recae sobre la población la búsqueda de soluciones. Ante las fallas de los servicios básicos y otros problemas generados por el Estado, 63% de las personas busca soluciones individuales, mientras que 20% prefiere resolver con reuniones comunitarias, 8% realiza protestas y 6% decide pagar un sobreprecio por el servicio ausente.
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Para la ejecución del informe se realizaron 638 entrevistas en 16 estados del país, donde 60% de las personas encuestadas fueron mujeres y 40% hombres. De igual manera, 50% de los consultados tiene una edad entre 18 y 40 años y el otro 50% de 41 años en adelante.
De acuerdo con las entrevistas realizadas, el Observatorio Convivium estima que en la mayoría de los hogares viven aproximadamente cuatro personas, de las cuales solo dos aportan económicamente. Asimismo, en la investigación se encontró que el ingreso máximo percibido es de 200 dólares y el mínimo de 5 dólares al mes, lo que ubica al país en gran pobreza.
Deterioro en salud y educación
Uno de los problemas que genera mayor impacto es la salud, pero existen dos procesos diferenciados, uno se centra en la existencia del servicio y el otro en las dinámicas en torno a él y cómo hacen los ciudadanos para resolver.
La presencia de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) se ubica en 28%, mientras que los hospitales en 24% y las clínicas en 18%. Sin embargo, 30% de los ciudadanos atienden su problemas de salud en centros públicos, 19% con ayuda familiar en el país y 13% desde el exterior, 14% con salud preventiva o natural y 10% con automedicación.
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Por otra parte, durante el año se observó una dinámica en la que el niño y el adolescente están mayoritariamente en la escuela. Sin embargo, advirtió que se debe estar atentos a que la tendencia es a estar desocupados, mientras que la dinámica de la pandemia y las dificultades económicas de maestros van haciendo de la escuela pública una institución en peligro.
Estructuras comunales
De las estructuras comunales, las de carácter organizativo son las que tienen mayor penetración en las comunidades dado que implica ocupación organizacional, entre ellas, el CLAP, Consejos Comunales y jefes de calle. Las de corte ideológico también van creciendo, pero tienen menor extensión.
La existencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se ubica en 89%, los consejos comunales en 81% y jefes de calle 82% . La participación de la comunidad en estas organizaciones comunales es de 31% , mientras que 69% no participa. De igual manera, 58% de las personas aseguró que reciben los bonos asignados por el Estado venezolano y 42% no se beneficia de este instrumento.
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Los encuestados mostraron la firme decisión de resolver la alimentación por cuenta propia, solo que el sistema los hace vulnerables y no les queda otra opción de depender de los CLAP. Se encontró que 49,7% prefiere resolver por su cuenta, 43% también desea buscar alternativas de manera independiente, pero se ven en la necesidad de recibir el beneficio, mientras que 7,3% prefiere depender de esto.
Comunidades inseguras
La mayoría de los entrevistados perciben que sus comunidades son inseguras. El delito que se señala como predominante es el robo con 71%, seguido del tráfico y consumo de drogas con 44%, la extorsión y soborno 20%, mientras que la prostitución 18%. Asimismo, de los encuestados 59% dijo que no ha sido víctima de delitos en su comunidad y 41% afirmó que sí.
La garantía de seguridad son los cuerpos policiales, pero se registró que 40% de las personas aseguran que los cuerpos de seguridad infringen la ley, cometen delitos y estos van del abuso de autoridad hasta el soborno. También se encontró que 45% de la población que delinque tiene entre 15 y 25 años, mientras que 18,4% tiene entre 12 y 15 años, por lo que 63,4% de los que conforman las bandas delincuenciales están comprendido por edades entre los 12 a los 25 años. Una población joven sin otra alternativa que el camino de la ilegalidad, precisó el observatorio.
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En ese sentido, 28% reconoce la existencia de bandas delincuenciales y 72% lo desconoce. El Observatorio Convivium destacó que este reconocimiento es un indicativo de la asociación para delinquir, mientras que en algunas comunidades no se atreven a señalarlas a pesar de conocer la existencia, pero incide el factor miedo en esa decisión de hacer silencio. Aunque no es un poder centralizado, de 14 estados monitoreados se encontraron siete bandas criminales o mega bandas.
Migración interna y externa
Con respecto a la migración se documentó que 86% de las personas entrevistadas tiene, por lo menos, un familiar que ha emigrado. El desplazamiento se puede ver desde las cifras internacionales, pero también dentro del país. Solo 34% de los entrevistados dice recibir remesas y de ese grupo, 80% admite que esta les ayuda a solventar la crisis.
«Que 44% de la migraciones de padres deje atrás a los niños, es un dato alarmante y que de este porcentaje el 69,5% quede con los abuelos nos ubica en la vulnerabilidad en la que puede vivir el niño y el abuelo, los dos extremos de edades que requieren atención de parte de la familia y el Estado», precisó el informe.
Los investigadores afirman que tanto la migración interna como la internacional son prácticas que van señalando unas precarias condiciones de vida que obliga a la familia al desplazamiento: la pobreza, la violencia, el hambre, la falta de cultivo van ejerciendo esa presión.
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