Por Néstor Valbuena, del programa de Formación de nuevos periodistas
Caracas.- La ONG Acceso a la Justicia, que trabaja el estudio y la defensa de derechos humanos, presentó su informe anual 2022, en el que destaca varios elementos relacionados con el panorama jurídico nacional.
La presentación estuvo a cargo de su directora, Laura Loaiza, quien resaltó que en el país no existe estado de derecho y que la mayoría de los procesos no tienen ningún sentido ni forma. «En Venezuela existe un estado de hecho, en donde la mayoría de las cosas se hacen fuera de lo que verdaderamente dicen las leyes".
La jurista también destaca las brechas que existen en el funcionamiento de las instituciones y la poca confianza que estas generan a la ciudadanía en general. “La institucionalidad en el país se encuentra actualmente en una situación bastante grave, desde 2015 ha ido cayendo a un punto sin retorno, la gente no confía en ningún ente», señala.
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Sobre el conjunto de reformas aplicadas en 2021 por la Asamblea Nacional, Loaiza es enfática al decir que «no tuvieron ningún impacto en el colectivo, ni tampoco dieron ningún tipo de resultado positivo que fuese palpable en el tiempo".
Al hablar sobre el proceso de reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia, manifiesta que es un proceso que se hizo fuera de lo que establece la Constitución. “Cuando vemos la reforma de la ley del TSJ, podemos ver que no existe ningún tipo de independencia judicial, y que el 60 % de los magistrados que fueron designados tienen más de 12 años en sus funciones, más del tiempo establecido".
La ONG destaca que el sistema se encargó de dilucidar el caso Onapre y que sobre la base de su poder y actuaciones contrarias hizo que uno de los casos más escuchados de 2022 pasara a la historia, “ya ellos lo hicieron así y no tienen voluntad de cambiar ese instructivo", refiere.
El proceso ante la Corte Penal Internacional
Los integrantes de esta organización acotan que la investigación ante la CPI ha sido lenta pero significativa y resaltan que todo este proceso es resultado del trabajo de la sociedad civil. “Actualmente, no hay cambios ni mayores avances, pero tampoco hay hechos que deriven en la suspensión de la investigación, lo cual es positivo", dijo Loaiza.
Resalta que, en los ámbitos militar y penitenciario, muchos cambios no se han reflejado en su estructura legal. “El código penitenciario no se ha modificado, la Guardia Nacional sigue teniendo el control de las prisiones del país, mientras que los tribunales militares siguen procesando a civiles".
Finalmente, afirmó que las ejecuciones extrajudiciales aún están presentes. “Solo en 2022 hubo 824 ejecuciones, según informes de Lupa por la Vida".
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