Caracas.- El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 214 ataques e incidentes de seguridad a defensores y organizaciones de derechos humanos entre enero y junio del 2022, de acuerdo a un informe publicado ese lunes, 25 de julio.
«Entre enero y junio de 2022 se registraron 214 nuevos hechos que comprometen y afectan derechos de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, lo que representa una disminución de 43% en relación con el mismo período en el año 2021, cuando se registraron 374 situaciones», detalló la organización en su reporte semestral.
Al respecto, la directora del CDJ, Marianna Romero, explicó a EFE que, si bien se registró una disminución en el número de casos, en su estudio han podido notar un «perfeccionamiento» en las políticas de criminalización y un alto nivel de riesgos para quienes defienden los derechos humanos.
«Destacamos que el nivel de riesgo se mantiene alto y que, si bien hay una disminución en el numero específico de este tipo de agresiones, lo que hemos visto es un perfeccionamiento de esa política de criminalización y cómo los ataques que se han empleado tienen un efecto de neutralizar y obstaculizar el trabajo de la sociedad civil de Venezuela», subrayó.
Entre enero y junio se dieron 146 estigmatizaciones contra defensores, 45 hechos de hostigamiento, 14 amenazas, 2 judicializaciones, 2 ataques digitales y otros 5 hechos no identificados, detalla el informe.
De acuerdo con la ONG, las cifras demuestran «cómo el Estado venezolano avanza en la ejecución de patrones para obstaculizar, limitar y afectar las actividades de quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos».
«Reforzar» la idea de que «quienes defienden, denuncian y exigen derechos humanos son enemigos internos del Estado» resulta peligroso, pues puede afectar la integridad y libertad de los activistas, alertó el CDJ ante los hechos.
«Mientras avancen normas, leyes o mecanismos para controlar y restringir el espacio cívico, la situación seguirá empeorando», añadió Romero.
La ONG exhortó al Estado venezolano al cese de la criminalización y a la derogación de normas que vayan en contra de los estándares internacionales o que limiten la actuación de la sociedad civil.
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