Por: Juan Díaz*
En un encuentro realizado este miércoles 21 en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, la politóloga Ana Milagros Parra y la socióloga y confundadora de la oenegé Observatorio de las Juventudes Venezuela, Showny Azar, debatieron sobre el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El evento contó con la partición de estudiantes de la casa de estudios.
Esta ley, todavía en fase de proyecto, fue enviada a consulta pública por la Asamblea Nacional (AN) a principios del año. Desde entonces, varias oenegés han manifestado temor y preocupación por la posibilidad de que sus actividades en el país se vean impedidas o, incluso, ilegalizadas sus iniciativas. En esa línea se han manifestado el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Acceso a la Justicia y muchas otras que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Según Parra, la ley, tal como está planteada, es un ataque al espacio cívico. La politóloga afirmó que los requisitos que establece son excesivos y deja en manos de las autoridades, de forma discrecional, la concesión anual de permisos para operar en el territorio nacional. De esa manera quedaría supeditado a la voluntad del Gobierno nacional quienes pueden, o no, ejercer labores humanitarias en Venezuela.
236 organizaciones de la sociedad civil reiteran que ley sobre ONG suprimirá espacio cívico
“El Gobierno quiere que las oenegés no se involucren en reclamos o demandas de naturaleza pública. Cualquiera que denuncie la crisis humanitaria compleja puede ser sometido a un proceso de ilegalidad", indicó Parra.
Destacó que estas organizaciones cumplen actualmente con responsabilidades que competen al Estado, como la resolución de la crisis alimentaria. No obstante, al formular denuncias sobre esta realidad se vuelven “incómodas" para el Gobierno.
Azar resaltó, por su parte, que ya en la actualidad hay leyes que regulan la existencia y funcionamiento de las ONG. Este nuevo proyecto de ley entonces se trataría, para ella, de un esfuerzo por controlar todavía más la actuación de la sociedad civil.
Caso Rocío San Miguel
Ambas expertas opinaron que, en un entorno de reducción del espacio cívico, el caso de la abogada y presidenta de la oenegé Control Ciudadano, Rocío San Miguel, resulta esclarecedor sobre la política que pretende implementarse desde el Gobierno.
“El caso de Rocío San Miguel es una medida ejemplarizante. Es una forma de decirle a la gente que eso le puede pasar a cualquiera, pues ella se encuentra recluida en el Helicoide pese a su visibilidad e importancia para la opinión pública", comentó Parra.
La activista Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a salir del país con su hija. El Gobierno la acusa de participar en un plan de magnicidio, espionaje y de entregar información de seguridad nacional a países extranjeros.
Por eso, según las ponentes, es preocupante un proyecto de ley que no solo establece nuevos requisitos para registrar a las oenegés, sino que condiciona su aval a la aprobación del Gobierno y le proporciona a este mayores mecanismos de control sobre el espacio cívico.
*Programa de Formación Nuevos Periodistas
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