Por Gabriel Peraza, del Programa de Formación de Nuevos Periodistas
Caracas.- El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) informó este 30 de abril que los cuerpos de seguridad del Estado asesinaron, al menos, 10.085 personas en la primera década de gobierno de Nicolás Maduro. Además, durante la presentación de su informe anual en la Universidad Central de Venezuela (UCV), actualizó las cifras sobre inseguridad alimentaria, restricciones a servicios públicos y otros problemas que afectan al país.
Venezolanos asesinados
Durante la exposición del Informe Anual 2023, la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, explicó que, de los más de 10.000 asesinatos, 620 se produjeron en el último año estudiado. También resaltó que la mayoría (59 %) de las víctimas de 2023 son jóvenes de entre 18 y 30 años.
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La investigadora señaló que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) encabeza la lista de los cuerpos de seguridad que cometen los patrones de violación. Con respecto a la cifra de asesinados el año pasado, dijo que es presuntamente responsable del 30 %. Además, recordó que, en el período estudiado, hubo 284 víctimas en el contexto de las manifestaciones.
Integridad y libertad personal
“Este es uno de los derechos en el que vemos registradas muchas más víctimas", aseguró González sobre la integridad personal. Entre las 43.003 violaciones, 2.652 se llevaron a cabo en el 2023, de las cuales 45 % fueron sufridas por mujeres. “El Ejército es quien encabeza las denuncias con 636 víctimas", especificó la investigadora.
En cuanto a las torturas, la ONG reportó 1.652 casos en el período investigado, 54 ocurrieron en el 2023. “Por primera vez, desde 1988 hasta nuestros días, la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres y privadas de libertad", agregó González.
Otro de los derechos más vulnerados fue el derecho a la libertad personal, ya que se registraron 54.876 víctimas, 182 ocurridas el año pasado. Provea proyectó que para el 2024, año electoral, “se mantendrá el patrón usual del incremento de la represión estatal".
Pobreza y condiciones laborales
El coordinador general de la ONG, Óscar Murillo, reiteró que “Venezuela sigue en una emergencia humanitaria compleja". Entre las cifras presentadas en el informe, se reportó que apenas 16 % de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos. Además, 69 % de la población padece graves restricciones al acceso a agua potable.
“La pobreza inició antes de la imposición de sanciones en Venezuela", aseguró Murillo. También puntualizó que una de las principales razones ha sido la “caída abrupta" del salario mínimo y del Producto Interno Bruto (PIB). Con respecto a este último, indicó que “decayó 80 % en los últimos años".
En cuanto a la responsabilidad del Estado para asegurar los servicios públicos básicos, dijo que “no se puede excusar frente a los tiempos difíciles que se viven para hacer las cosas mal". También reiteró la importancia de que el gobierno de Maduro ofrezca datos y sea transparente en sus relaciones, ya que eso permitirá mejorar las condiciones de investigación del contexto que vive Venezuela.
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