Abogados de Rubén González denuncian retardo procesal

Al cumplirse los diez días continuos del juicio en el que condenaron a prisión al dirigente sindical de Ferrominera, Rubén González, sus abogados denuncian que la sentencia no ha sido publicada, por lo que no pueden iniciar el proceso de apelación

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La defensa del caso denuncia irregularidades en el juicio, por lo que apelarán la sentencia. | Foto: Gladylis Flores / Archivo

Puerto Ordaz.- Luego de diez días no ha sido publicada la sentencia en la que fue condenado a cinco años y nueve meses de cárcel el dirigente sindical de CVG Ferrominera del Orinoco Rubén González. Sus abogados denuncian que es un retardo procesal, pues no han podido apelar.

El Tribunal Militar Décimo Quinto del estado Monagas le dictó como lugar de prisión la cárcel de La Pica en Maturín, por los delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. En el juicio lo absolvieron del delito de ataque al centinela.

“Estamos esperando que el tribunal militar publique la sentencia porque no sabemos qué dice, solo sabemos que fue condenado a cinco años y nueve meses, por eso no podemos apelar porque necesitamos conocer los alegatos jurídicos”, explicó Jorge Machuca, abogado defensor de González.

Los abogados señalaron que el caso de González no es jurídico porque se hizo una defensa exigente en la que lograron absolver uno de los delitos por los que era imputado (ataque al centinela). Pero aclararon que hay diversidad irregularidades, por lo que esperan el momento para realizar la apelación a la sentencia.


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Esto es intencional. Son los militares que están retrasando todo el proceso. Rubén González no es un delincuente, es un preso político de este gobierno. Nunca le va a perdonar lo que les ha dicho. Lo único que ha hecho es luchar por los derechos de los trabajadores”, aseguró Machuca.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera) se encuentra detenido en la cárcel de La Pica desde noviembre, al regresar de una marcha en Caracas en reclamo por la eliminación de las tablas salariales.

Los delitos que les imputan son por un allanamiento recibido por parte de funcionarios militares en su hogar en Ciudad Piar, municipio Bolivariano Angostura del estado Bolívar, en agosto de 2018. En ese momento sus familiares denunciaron distintas agresiones.

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