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Caracas.– El equipo de defensa del empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro del gobernante Nicolás Maduro, emitió un comunicado este lunes, 23 de agosto, en el que recalca que la detención de Saab es un caso emblemático de negación del Estado de Derecho, esto a propósito del pronunciamiento que está previsto se produzca en los próximos días por parte del Tribunal Constitucional de Cabo Verde sobre el proceso de extradición solicitado por autoridades estadounidenses.
En el comunicado, la defensa de Sabb detalla las irregularidades que, considera, están presentes en el caso del empresario colombiano y advierte que en el momento actual, en la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Cabo Verde, la única cuestión que debería contar es el respeto al Estado de Derecho, a los DD. HH. y lo que debe prevalecer es la libertad del barranquillero, designado como diplomático por el gobierno de Nicolás Maduro.
«Se pide al Tribunal que se pronuncie sobre el derecho y haga justicia en un caso cuya tramitación ha estado salpicada de irregularidades, abusos, violaciones y negligencias», manifestó la defensa de Saab, que califica el momento actual de serio, complejo y con múltiples cuestiones políticas, jurídicas, diplomáticas e internacionales que están en juego.
Según la defensa de Saab, tres faces de su caso ilustran las violaciones flagrantes del debido proceso. La primera, referida a su detención en su dimensión policial. La segunda, relacionada con lo judicial, que además califican de irregular. La última, asociada con el aspecto internacional.
«Es en el contexto de este caso, infectado por todas partes por defectos inconstitucionales, irregularidades, aproximaciones e improvisaciones, que el Tribunal Constitucional tendrá que hacer justicia y Estado de Derecho», advierte la defensa en el comunicado.
El 19 de agosto, los abogados de Saab presentaron denuncias contra tres jueces y contra el fiscal general del país africano por violar sus derechos en múltiples ocasiones, según alegaron. Las acusaciones se suman a las presentadas contra José Landim, el fiscal general caboverdiano, y tres inspectores de la policía judicial que intervinieron en su detención.
