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Dos feminicidios ocurridos en Bolivia, el fin de semana, subieron a 110 la cifra de muertes de mujeres víctimas de la violencia machista en lo que va de año en el país, que en 2018 registró al menos 111 de esos casos.
Uno de los casos se registró el sábado en la localidad de Ivirgarzama, en la zona central del trópico de Cochabamba, donde una comerciante de 37 años murió por seis impactos de bala, indicó la Fiscalía General del Estado en un comunicado de prensa.
Se presume que el autor fue un hombre de 38 años que era su pareja y que cometió el crimen en presencia del hijo de la víctima, de 6 años, y de su hermana, de 18, según la prensa local.
Un segundo feminicidio ocurrió en La Paz la madrugada del domingo, cuando un hombre acuchilló a su pareja, una universitaria de 24 años que murió en el hospital al que fue trasladada. Las circunstancias en que ocurrieron ambos sucesos son investigadas.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, lamentó estos hechos «que consternan al país» y aseguró que el Ministerio Público tiene el compromiso de «realizar la persecución penal para que no queden en la impunidad y se logre una sentencia para los culpables», según el comunicado.
Estos casos elevan a 110 los feminicidios en el país desde enero hasta este lunes, según datos del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales de la Fiscalía citados en la nota.
La región con más casos es La Paz, que registra 35, seguida por Cochabamba con 22, Santa Cruz con 20, Oruro con 10, Potosí con nueve, Tarija con seis, Beni con cuatro y finalmente Pando y Chuquisaca con dos cada una, detalló el Ministerio Público.
El Salvador, Honduras y Bolivia son las tres naciones de América Latina con mayor proporción de homicidios por cuestiones de género, con tasas de 6,8, 5,1 y 2,3 mujeres fallecidas por cada 100.000, respectivamente, según la Cepal.
Bolivia tiene en vigor desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y castiga el feminicidio con 30 años de prisión, la pena máxima de la legislación boliviana.
La demanda constante de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres es que la puesta en marcha de la norma todavía no ha sido plena, ya que aún son necesarios mayores presupuestos estatales y personal capacitado para combatir con más eficacia la violencia machista, entre otros aspectos.
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