Caracas.- La división comercial del Tribunal Superior de Londres examinará desde el miércoles 13 de julio quién tiene autoridad para gestionar las reservas nacionales de oro depositadas en el Banco de Inglaterra: la Junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Nicolás Maduro o la junta paralela nombrada por Juan Guaidó.
La jueza Sara Cockerill escuchará los argumentos de ambas partes hasta el próximo lunes 18, cuando es posible que fije una fecha para pronunciar su dictamen. Por la complejidad del caso, es improbable que éste sea inmediato, y de todos modos podrá ser recurrido.
Cockerill, que ya estuvo a cargo previamente de este proceso, lo recupera ahora después de que el pasado 20 de diciembre el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, aclarara dos cuestiones preliminares, sin las cuales no se podía proceder al juicio formal.
Tras oír los alegatos de los abogados de las juntas de Maduro y Guaidó, el Supremo concluyó que el Gobierno del Reino Unido reconoció a todos los efectos al político opositor como presidente interino de Venezuela, en una declaración que emitió el 4 de febrero de 2019. Por contra, no reconoce en ningún caso a Nicolás Maduro, aunque aún mantenga las relaciones diplomáticas, dictó.
También dispuso que los nombramientos de Guaidó a la junta ad hoc del Banco Central venezolano deben ser considerados por la Justicia inglesa como «actos soberanos» de Venezuela (dado que Londres lo trata como el presidente legítimo), pese a que fueron declarados nulos por la Justicia venezolana.
En este sentido, el Supremo británico dejó en manos del Tribunal Superior analizar, en base a la evidencia, si en los tribunales ingleses se debe dar por bueno o, por contra, ignorar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Caracas en que invalidaba la junta de Juan Guaidó.
La parte del presidente venezolano Nicolás Maduro sostendrá que su Administración es la única legitimada en el país.
Una vez determine si la junta de Guaidó es legal, Cockerill podrá decidir cuál de las dos juntas del BCV puede dar instrucciones sobre las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE), valoradas en unos 1.600 millones de euros.
Este litigio sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta del BCV nombrada por Maduro, Calixto Ortega, acusó al BoE de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.
Además de la gestión de las reservas del BoE, el eventual dictamen de la Justicia británica servirá para dirimir un pleito planteado por Deutsche Bank en mayo de 2020, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
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