La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder por tres delitos relacionados con lavado de dinero, se declaró no culpable este martes, 24 de mayo, y solicitó un juicio con jurado.

Díaz Guillén, que está presa desde su llegada el pasado 12 de mayo, compareció ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach, en Florida.

Marissel Descalzo, abogada defensora de Guillén, alegó ante la Fiscalía que no hay riesgo de fuga y pide que se le conceda la libertad bajo fianza a la exfuncionaria venezolana, diciendo que supuestamente no tiene dinero propio y no puede regresar a Venezuela porque su vida correría peligro.

La fianza la pagarían un familiar residente en el sur de Florida y amigos de Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, pendiente también de extradición a EE. UU. desde España.

La acusada firmó este martes un documento para hacer constar que sabe que su abogada defendió previamente a un exbanquero venezolano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, cuyo caso tiene conexiones con el suyo, lo que podría perjudicarla, pero pese a ello quiere que siga siendo su representante ante el tribunal.

Aparentemente sus relaciones con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.

Díaz Guillen tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso, y está acusada de cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales».

Díaz Guillén y su esposo son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Hugo Chávez, de quien formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, mientras que él fue su jefe de seguridad.