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Caracas.- La mañana de este miércoles, 16 de septiembre, se inició con la presentación de los resultados preliminares sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014 y se documentaron 100 casos de tortura en el marco del Plan Zamora implementado por el gobierno de Nicolás Maduro.
El Plan Zamora fue un plan establecido por Nicolás Maduro en 2017 como «un plan estratégico para responder a posibles eventos adversos o intervención extranjera que ponga en riesgo la seguridad del país».
La Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas, determinó que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2014, encabezada en aquel entonces por Leopoldo López, han ocurrido violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios de seguridad del Estado.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU señala que investigó 33 casos ( 21 hombres y 12 mujeres) en los que «encontró fundamentos razonables para creer que el Sebin arrestó, detuvo y/o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos"»Creemos que altos funcionarios se encuentran involucrados», reza el informe.
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La Misión investigó casos de violaciones de DDHH que incluye casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Hombres jóvenes son las principales víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, los cuales se determinó que estos fueron asesinados bajo la custodia de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.
Según el informe, estas ejecuciones contra activistas políticos y sociales de alto perfil público se llevaron a cabo en su mayoría por funcionarios de las Faes, la Dgcim y el Sebin.
Con respecto a las represiones en medio de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU consiguió pruebas sobre el trabajo en conjunto entre los cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados irregulares para arremeter contra las manifestaciones y el asesinato de protestantes.
En base a estos resultados, esta Misión hace un llamado a Maduro para llamamos detener estas acciones e instan al Ministerio Público a investigar los casos que se encuentran en el informe. «La impunidad debe terminar», concluye el informe
