Caracas.- Iniciada la elección presidencial que puede poner fin a un ciclo histórico en Venezuela, la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), integrada por Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, expresó su llamado a unas elecciones «transparentes, libres, pacíficas e inclusivas» este domingo, 28 de julio.
Mediante un comunicado, señaló la alianza que el resultado de estos comicios en Venezuela es esencial «para lograr la estabilidad democrática, el desarrollo sostenible y la paz social en ese país».
La voluntad del pueblo venezolano «debe ser acatada», subrayaron los países en un comunicado difundido por la Cancillería dominicana.
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Instó el organismo a que se garanticen «unos comicios libres, justos y transparentes con el acompañamiento de organismos internacionales reconocidos y en un clima de paz y respeto pleno a los derechos de todos los actores políticos».
Una preocupación similar expresaron expresidentes, parlamentarios y funcionarios del Gobierno colombiano. Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien señaló que la suerte de Venezuela es fundamental para su propio pueblo, pero también lo es para el mundo democrático, refiere el medio El Espectador.
En la elección de este domingo participan 10 candidatos, entre ellos Nicolás Maduro, aspirante a la reelección, y el exembajador Edmundo González Urrutia, abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y quien lidera la intención de voto, según la mayoría de las encuestadoras.
Previo a los comicios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, han manifestado su preocupación sobre el desarrollo del proceso electoral venezolano.
Lula confesó en un encuentro con corresponsales extranjeros que «se asustó» cuando Maduro dijo que si pierde las elecciones del domingo en su país habrá «un baño de sangre».
«Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda y cuando pierde se va, y se prepara para otras elecciones», afirmó.
Petro, por su parte, criticó el veto a la candidatura de la líder opositora María Corina Machado. Consideró la medida un «golpe antidemocrático».
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