El Parlamento chileno aprobó este martes, 11 de abril, reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. Se trata de una ley con gran apoyo ciudadano que aún debe ser promulgada por el presidente Gabriel Boric para entrar en vigor.
La norma, que cuenta también con el apoyo de los sindicatos y del sector empresarial, fue aprobada por casi todos los partidos con representación política.
De esta manera, Chile se convierte en el tercer país de la región, tras Ecuador y Venezuela, en fijar la jornada en 40 horas semanales. En la mayoría de los países latinoamericanos es de 48 horas semanales.
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«Hoy día ha quedado demostrado que, aunque algunos pensaran que era imposible avanzar en una mejor calidad de vida para los trabajadores de nuestro país, sí se puede». Así lo expresó la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, tras la votación.
La medida podría ser promulgada el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador. Además, propone una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de vigencia de la ley.
La segunda reducción será hasta las 42 horas a partir del tercer año, mientras que la meta de 40 horas se alcanzará en el quinto.
Jara destacó que la ley fue respaldada por una mayoría contundente, pues sólo contó con la negativa del ultraderechista Partido Republicano. Recordó que la reducción de la jornada laboral «es una demanda que viene de muchos años atrás».
«Agradecemos a muchos sectores de la oposición que dieron el paso y se sumaron al oficialismo. Creemos que esto se hace por el bien de todo Chile», añadió.
40 horas semanales presentadas en 2017
El proyecto inicial se presentó en el año 2017 por el Partido Comunista, una de las formaciones políticas con las que gobierna Boric, pero enfrentó complicaciones durante sus primeras discusiones parlamentarias.
«La política demostró que puede estar a la altura de los desafíos que le plantea el pueblo de Chile. (…) Quiero agradecer a los trabajadores y a todos los que en la oposición dieron el paso al frente». Así lo indicó la vocera oficial, Camila Vallejo, una de las impulsoras del proyecto inicial.
El mandatario progresista, que introdujo algunos cambios al proyecto inicial como la gradualidad, le dio un nuevo impulso el pasado año y en agosto pidió al Parlamento tramitarlo de manera «urgente».
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