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Managua.- El nicaragüense Juan Pablo Ortiz González, un trabajador del Estado identificado como «paramilitar» por la oposición, admitió este jueves 5 de diciembre haber asesinado a una ciudadana estadounidense en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, con quien simpatiza y defiende.
Ortiz González, de 29 años y que trabajaba en el estatal Correos de Nicaragua antes del crimen, confesó durante el juicio haber asesinado de un disparo a la estadounidense Ariana Enid Martínez García, de 35 años y nacida en Puerto Rico, el pasado 29 de septiembre en un barrio de la ciudad de Matagalpa (norte).
El Ministerio Público de Nicaragua acusó al hombre de los delitos de homicidio, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas.
El suceso ocurrió cerca de la medianoche cuando el hombre, que discutía con el esposo de la víctima, le disparó en la cabeza, según la versión de grupos opositores que identificaron al responsable como un paramilitar al servicio del Gobierno de Ortega y divulgaron una serie de fotografías donde aparece armado.
Por su lado, la Policía Nacional informó que la mujer murió cuando «intervino en discusión motivada por rencillas personales entre su cónyuge, Maynor Fernando Valenzuela Blandón, y Juan Pablo Ortiz González».
Hasta ahora, las autoridades no han mencionado los motivos de la discusión, que tuvo lugar en una gasolinera de la ciudad de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, país que vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos en protestas contra el presidente Ortega, así como miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
Según los opositores, la ciudadana estadounidense fue asesinada por parapoliciales y paramilitares que operan en conjunto con la Policía, según ha admitido el Gobierno, y que los cataloga de «policías voluntarios».
Previo al asesinato, la casa del matrimonio había sido marcada con la palabra «plomo», que en Nicaragua tiene dos connotaciones y ambas usadas por los sandinistas: «patria libre o morir» o una amenaza de muerte emitida por los civiles armados que actúan con la complicidad de la Policía.
La Policía de Nicaragua reconoció que el atacante tenía antecedentes por delito de amenazas de muerte, aunque no explicó por qué gozaba de libertad. La sentencia condenatoria será dictada el próximo 12 de diciembre.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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