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Mérida.- El Tribunal que lleva el caso de Vannesa Rosales, docente y defensora de los derechos humanos de las mujeres en Mérida, decidió diferir la audiencia preliminar prevista para este viernes, 28 de mayo. La información fue dada a conocer por la ONG 100% Estrógeno, cuyo equipo jurídico lleva la defensa de Rosales, acusada por ayudar a abortar a una adolescente de 13 años que fue víctima de violación en 2020.
«La audiencia del caso #VannesaRosales fue diferida por la inoperancia de los tribunales, una situación pública notoria y normalizada en #Venezuela. Quedó pautada para el 21 de julio esperamos se realice. #VannesaRosales sigue detenida por apoyar a una niña víctima de violación», tuiteó a la 1:22 pm la organización no gubernamental feminista. Hasta el momento de publicación de esta nota, se desconocen los motivos del diferimiento de la audiencia.
Vannesa Rosales fue detenida el 12 de octubre de 2020 y permaneció recluida en un retén policial hasta enero de este año, cuando se le concedió la medida de arresto domiciliario. A la docente feminista se le imputan tres delitos: agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por tercero, tipificados en el Código Penal venezolano.
Violador en libertad y penalización del aborto
Organizaciones feministas han denunciado que el hombre que violó a la adolescente permanece en libertad, pese a que existe una orden de captura en su contra. El caso de Vannesa Rosales ha despertado el interés de la comunidad internacional sobre la penalización del aborto que existe en Venezuela.
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En el año 2014, el Comité para la Erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado con su preocupación por la penalización del aborto en Venezuela, situación que obliga a mujeres a practicarse abortos clandestinos donde ponen en riesgo su salud y su vida.
El Cedaw ha solicitado al Estado venezolano modificar su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, así como garantizar la disponibilidad de servicios de interrupción de embarazos y la atención post-aborto. Este comité ha pedido a las autoridades del país que eliminen las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a abortos por las causas indicadas.
En Venezuela existe un proyecto de ley para despenalizar el aborto que diputados presentaron ante la Asamblea Nacional en 2005. Sin embargo, la interrupción intencional de un embarazo sigue siendo considerado un delito en Venezuela.
