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Valera.- Javier Rodríguez todas las mañanas sale con una carretilla y una cava llena de pastelitos para vender en el centro del municipio Valera, estado Trujillo, pero no siempre fue así.
Hace cuatro meses, con placer vestía su uniforme blanco, y pese a las dificultades para trasladarse en desde su hogar en el municipio Carvajal, cumplía con sus guardias de enfermería en el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera. Centro de salud decretado como centinela de la pandemia del COVID-19, desde abril, en la región.
El caballero, de unos 50 años de edad, cuenta que lo despidieron injustamente. La directiva lo acusó falsamente, y sin pruebas, de sustraer 17 inyectadoras de la institución.
Él tenía los “recambios», como le dicen los trabajadores del hospital a los restos de suministros, que deben devolver a la administración para comprobar si fueron usados durante su turno. No obstante, olvidó llevarlos al depósito y desaparecieron.
“Los escondieron en un descuido. Me levantaron un acta administrativa, aunque un compañero de guardia testificó por mí y las inyectadoras se habían reportado como usados en los informes de los tratamientos", comentó Rodríguez, quien aseguró en lo que va de año, más de 20 compañeros han sufrido de esta especie de acoso laboral.
Sin contar las detenciones de siete trabajadores, bajo violaciones del debido proceso y acusaciones de hurtos y robos sin evidencia. A él, afortunadamente, le levantaron un acta administrativa y lo despidieron verbalmente. «Me querían preso», manifiesta el padre de familia.
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Inicio voluntario
El licenciado, egresado de la Universidad de Los Andes, inició su carrera como ayudante. Pidió ser voluntario en la emergencia del hospital valerano, durante sus estudios, y laboró por dos años sin cobrar un salario.
Solo quería aprender, relata el enfermero, quien tiene una experiencia de 12 años.
Por denunciar las injusticias
Una vez obtuvo un contrato oficial, pasó por varias áreas entre las cuales mencionó la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuidado de quemados, cirugía y traumatología. En estas últimas dos, estuvo durante ocho años, antes de ser despedido por no quedarse callado ante las irregularidades presenciadas en su entorno laboral.
“Me tienen una guerra política, porque no me gusta prestarme para cosas indebidas. Porque denunciaba las irregularidades", dice Rodríguez sobre las denuncias hechas por falta de agua en el centro de salud, déficit de suministros, mobiliario y por solicitar elementos de bioseguridad, durante el combate del COVID-19.
Esto además de padecer los problemas desligados al déficit de personal, que afecta el sistema público a consecuencia de los abandonos de cargo y bajos salarios.
Él y sus compañeros debían cubrir guardias, de 24 horas, en las cuales un enfermero debía atender hasta 30 pacientes. Esto pese a que el Colegio de Enfermería recomienda únicamente atender a cuatro pacientes por turno.
Sin embargo, él cumplía con su deber diariamente, incluso si, al salir del hospital, después de las 7:00p.m., no encontraba transporte y debía caminar dos horas, atravesar una carretera pegada a la falda de una montaña (Bajada del Río), hasta llegar a su casa.
“¿Que si extraño mi trabajo en el hospital?, claro que sí, aunque uno no ganaba bien, trabajaba por vocación, para eso me formé, pero no creo que vuelva, no bajo esta directiva", confiesa con nostalgia el profesional de la salud, quien ahora vende pastelitos a 80.000 bolívares cada uno y en un día duplica el sueldo de su antiguo trabajo.
Es un negocio familiar que decidió retomar hasta conseguir un nuevo empleo en el sector privado. Su mamá, relata el enfermero, era dueña de un popular puesto de pasteles en el sector Café Serra y él dice haber heredado la receta secreta.
