Táchira.- El 19 de agosto de 2015 el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el cierre total de las fronteras de Venezuela con Colombia. En ese entonces, hubo denuncias sobre deportaciones, abuso sexual, derrumbes y marcaje de viviendas y violaciones de derechos humanos, especialmente contra los colombianos que residían en el límite fronterizo. Sobre estos hechos no ha habido investigación ni responsables, según denunció el diputado emérito Walter Márquez.
“Hay documentado todo lo sucedido en 2015 donde hubo deportaciones forzosas, desplazamientos forzosos, la destrucción de más de 200 viviendas en el sector La Invasión en San Antonio del Táchira. Abuso sexual por parte de las Fuerzas Armadas contra mujeres colombianas y también detenciones arbitrarias. Estamos de acuerdo con la reapertura de la frontera pero sin impunidad", resaltó Márquez.
Las declaraciones ofrecidas en rueda de prensa, fueron consecuencia de lo dicho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la necesidad de documentar las violaciones de derechos humanos durante el cierre de frontera. El diputado emérito instó al gobierno colombiano a que investigue la cadena de mando, desde Nicolás Maduro hasta aquellos que efectuaron los crímenes de lesa humanidad.
Recordó que el gobierno venezolano habría cometido delitos no solo con el cierre de 2019 cuando se rompieron las relaciones diplomáticas en el marco de intento de ingreso de ayuda humanitaria, sino que los más resaltantes y graves están documentados en 2015, cuando se prohibió por completo el tránsito de vehículos y de paralizaron las relaciones comerciales.
“Es importante que se investiguen todos los crímenes que se han cometido hasta el día de hoy en las trochas, la gran violación de derechos humanos, los crímenes de lesa himanidad. Todo eso debe ser investigado. El presidente Petro debe crear una comisión de alto nivel, asumir la defensa de las víctimas y crear una comisión de la verdad", explicó.
Sin voluntad de investigación
Rememoró que durante el cierre de frontera, hizo un expediente descriptivo sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios venezolanos contra colombianos y denunció a las autoridades venezolanas por delitos trasnacionales. Al tenerlo listo, lo entregó a la Fiscalía de Colombia, quien lo entregó a la Cancillería del mismo país y posteriormente, el gobierno de Colombia lo remitió al gobierno de Nicolás Maduro para que él investigara.
“Yo me sentí delatado porque todos los argumentos jurídicos se los enviaran al gobierno de Nicolás Maduro. Eso lo hizo la Fiscalía colombiana. Hay expedientes precisos y en vez de investigar los delitos, se lo pasaron al gobierno de Nicolás Maduro. Cerraron la investigación en Venezuela, cerraron la investigación en Colombia, cerraron la investigación en la Corte Penal Internacional por orden de la fiscal anterior y es hasta ahora que el nuevo fiscal quien pidió la apertura", detalló Márquez.
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