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Acarigua.- Un grupo de madres y otros familiares de detenidos recluidos en los calabozos de la subdelegación Acarigua del Cicpc denunciaron este jueves 6 de agosto que varios de los procesados están presentando cuadros febriles y otras enfermedades sin que las autoridades permitan que reciban atención médica.
Durante el pase de alimentos, aproximadamente a las doce del mediodía, los familiares hicieron una protesta pacífica frente a la sede de la policía científica, en la que detallaron a los medios que los recluidos están presentando síntomas como fiebre, diarrea, vómitos, tos y dolores de huesos.
Algunos, como el hijo de Elizabeth Rivero, ya han sido diagnosticados con dengue. «Hemos pedido a Sanidad, a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y a todos los organismos competentes que realicen una jornada de atención médica para atender a esos muchachos, que se están muriendo allí adentro», dijo Rivero.
El grupo de familiares, en su mayoría madres y cónyuges, aclaró que no hace pública la denuncia para generar un conflicto, sino para mostrar la problemática y conseguir ayuda médica para los reclusos. Explicaron que al menos hay 200 detenidos en este centro de reclusión preventiva. «En un calabozo hay 90 y en otro 100. Pero hay más en otros lados, hasta mujeres», expresaron.
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María Lucena, otra de las familiares, añadió que las condiciones en los calabozos son deplorables, y que además se les impide que les pasen medicamentos y jugos.
«Esos muchachos deben hidratarse y no dejan pasar juegos. Nosotros entregamos medicamentos para la fiebre y no se los dan. Les traemos guarapitos, porque no hay plata para remedios, y se los botan. Queremos que los atiendan y no los dejen morir», dijo a El Pitazo la ciudadana.
Tanto Lucena como Rivero explicaron que temen que haya un foco de COVID-19 dentro de los calabozos. «Allí hay tuberculosis, y más de una ha sacado a su hijo muerto. Nosotras queremos a los nuestros vivos y si tienen que sucumbir, que sea en sus hogares», precisaron.
Las familias solicitan un plan Cayapa para los recluidos en este centro de detención, ya que producto del confinamiento social declarado en Venezuela por el COVID-19, las audiencias no se han realizado, generándose un retardo procesal.
«Ellos son humanos y tienen derechos, así hayan cometido un error. Un error no es una mancha; tienen derecho a una segunda oportunidad. A las autoridades les decimos que se pongan la mano en el corazón. Mi hijo tiene nueve meses esperando una audiencia preliminar, que debería tardar 45 días. Hay otros que tienen tres años esperando audiencia», expresó Lucena.
