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Barinas.- La directiva del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Barinas solicitó al fiscal superior del Ministerio Público que abra una investigación que determine la responsabilidad del Estado venezolano en la muerte de la enfermera María Zoraida Chirinos, ocurrida en el hospital Dr. Luis Razetti, presuntamente por falta de un ventilador mecánico para tratarle síntomas asociados al COVID-19.
En el documento que entregaron al Ministerio Público el pasado martes 22 de marzo, los profesionales de la enfermería sostienen que su colega, quien laboraba en el ambulatorio Dr. León Fortoul Saavedra, requirió tres días antes de su deceso el suministro de un ventilador mecánico, no obstante, pese a estar hospitalizada no se le brindó ayuda al respecto.
Yanny González, Luis Alberto Pérez y Helymar Galviz, presidenta, vicepresidente y secretaria del Colegio de Enfermería, respectivamente, suscriben el escrito en el que también piden que se investigue al Estado venezolano por las constantes y reiteradas violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, no solo del gremio que los agrupa, sino de los ciudadanos en general, consagrados en la Constitución, en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pactos y tratados internacionales.
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El gremio de enfermería exhorta al Ministerio Público que solicite al departamento de Registro y Estadísticas Médicas, el suministro de la data que ellos poseen, «para que tengan conocimiento de la cantidad de pacientes que ingresan a diario a nuestros centros hospitalarios, por diferentes patologías, y que mueren de mengua por la inexistente capacidad de respuesta por parte del ente responsable», apuntan.
De acuerdo con la presidenta del gremio, Yanny González, es la sexta vez que el Colegio de Profesionales de la Enfermería acude al Ministerio Público para exponer la crisis que enfrentan desde hace años.
González aseguró que nunca han obtenido ninguna respuesta. «No solo pese a la vulneración de nuestros derechos de manera reiterada como trabajadores de la salud, sino también de los principios fundamentales de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y los pactos internacionales sobre la materia, ratificados en nuestra Carta Magna», puntualizó.
