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Barinas.- La Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) recordó con un tuitazo la noche del martes, 6 de julio, el poco interés que el poder judicial y público de Barinas han puesto para esclarecer el asesinato de Wilmer Zambrano, hecho ocurrido el 23 de enero de 2019, cuando concluía una manifestación pacífica convocada por los factores de la oposición.
De acuerdo con una alerta publicada por la Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad (UVL), organización dedicada a velar por los derechos humanos de los venezolanos, Zambrano, técnico radiólogo, murió de un disparo en el pecho, supuestamente proveniente del arma de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver la manifestación cuyo propósito era respaldar a la Asamblea Nacional.
Según lo explica el presidente de Fundehullan, Roland García, en el caso del radiólogo hay una vulneración al derecho a la vida y manifestación pacífica consagrada en el artículo 68 de la Constitución nacional. Wilmer Zambrano asistió a la concentración del 23 enero a ejercer su derecho a la manifestación pacífica, cuando fue impactado por una bala en el pecho ocasionándole un shock hipovolémico y su posterior muerte, recordó García.
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De acuerdo con las investigaciones de Fundehullan, conjuntamente con el Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos y la Red de Justicia y Libertad, después de 30 meses el caso aún se encuentra en fase de investigación.
«Tiene dos años y 158 días de retardo procesal y el Ministerio Público no presenta ningún avance que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables de este asesinato que fue público y notorio», apuntó el activista.
Agregó que a pesar que testigos señalaron que el asesinato del radiólogo fue consecuencia del excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, no existe ningún funcionario señalado o investigado.
El defensor de los derechos humanos exhortó al Ministerio Público a que realicen las investigaciones oportunas para dilucidar los hechos que se registraron el pasado 23 enero del 2019, para dar con los responsables y le recordó al Estado venezolano la obligación que tiene de proteger la vida de los ciudadanos, «derecho inviolable consagrado en el artículo 43 de la Constitución y en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
