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Barinas.- La presidenta del Colegio de Abogados del estado Barinas, Lucía Quintero, cuestionó el domingo 12 de septiembre, en su cuenta de la red social Facebook, a la Comisión Presidencial Judicial creada el 21 de junio a petición de Nicolás Maduro para solucionar el hacinamiento y retardo procesal en centros de prisión preventiva del país en un plazo de 60 días. De acuerdo con las palabras de Quintero, la referida comisión «constituye un reconocimiento más a la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial».
En el texto colocado en su muro, Quintero considera que la comisión, que preside el diputado a la Asamblea Nacional electa en 2020, Diosdado Cabello, acompañado de Cilia Flores como vicepresidenta, y con la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Lourdes Suárez Anderson, como secretaria, también es un reconocimiento público a la incapacidad de los funcionarios que la dirigen y de cada uno de los jueces que forman parte del sistema.
Según lo expresado en el texto, la incapacidad de los jueces y funcionarios viene dada por permitir que se use el poder judicial con otros fines e intereses partidistas, alejado de lo que constituye la administración de justicia, lo cual no solo ha hecho daño a una persona determinada que esté sometida a un proceso, sino que han corrompido todo el sistema.
En criterio de la gremialista, el problema no se resuelve con una supracomisión creada con intereses político-partidistas, comunes en tiempo de elecciones, que no solo no existe constitucionalmente, sino que además está por encima de las decisiones adoptadas por los jueces y avergüenza a estos frente al país por no cumplir con su obligación y por no hacer respetar y cumplir sus decisiones.
Quintero también cuestionó que se celebre que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en el Poder Judicial de una forma tan dantesca, con lo cual se viola el principio constitucional de separación orgánica de los Poderes Públicos.
Como venezolanos, como ciudadanos y sobre todo como abogados, bajo la presunción iuris tantum (principio legal que da por cierta una cosa salvo que se pruebe lo contrario) y las bases de constitucionalidad de un país democrático y republicano, la también docente universitaria cree que hay que impulsar dicho principio para que así sea en la práctica, sin importar el color del partido que gobierna.
Precisó que fuera de un sistema democrático, sin Estado de Derecho, sin respeto a los derechos humanos y demás garantías, ser abogado es una utopía porque cada día se irá suprimiendo el ejercicio profesional, ya sea como juez, fiscal, o en cualquier otro cargo en la administración pública o en el ejercicio libre de la profesión.
Según el artículo de opinión «A 60 días de la revolución judicial», escrito por Carlos Nieto Palma, coordinador nacional de la Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad, y publicado el pasado 27 de agosto en El Nacional, «el retardo procesal en Venezuela es de un aproximado de 70% de la población penitenciaria, una cifra verdaderamente alarmante y considerada la más alta del continente».
