Defensores privados denuncian restricciones para ingresar al Circuito Judicial de Barinas

En un escrito publicado en la red social Instagram, un grupo de abogados penalistas acusan al juez rector, José Luis Cárdenas Quintero, de asumir medidas arbitrarias que aniquilan paulatinamente a la defensa privada

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La entrada a los tribunales se les complicó a los defensores privados. Foto: Cortesía Robert Alvarado

Barinas.- Un grupo de abogados defensores denunciaron al juez rector de Barinas, José Luis Cárdenas Quintero, de obstaculizar con medidas arbitrarias el ingreso al primer piso de las instalaciones del Circuito Judicial Penal (CJP) -donde funcionan todos los tribunales- y solo podrán entrar en caso de que tengan una audiencia fijada.

El grupo de litigantes se mostró sorprendido con la nueva medida que comenzó a regir a partir de este lunes 4 de noviembre, en el entendido que la imposibilidad de subir a los tribunales implica aguardar en las afueras del edificio, que carece de una sala de espera para abogados y/o usuarios, hasta que el alguacil del tribunal correspondiente les llame cuando toque el turno de su caso.

Sostienen los abogados que medidas de este tipo pudieran entenderse si en el CJP las audiencias fueran puntuales, las causas se trabajaran con diligencia, las notificaciones se emitieran oportunamente o se actualizase a diario el sistema independencia, cosa que no sucede.

Comentaron que como abogados penalistas deben estar a diario pendientes de cada tribunal porque de lo contrario, no saldrían las boletas de traslados, las copias no serían acordadas a tiempo, ni podrían juramentarse en una causa; tampoco bajarían las causas en el archivo, y los dejan ausentes en las audiencias así estén en el pasillo si se descuidan un instante.

Los litigantes recordaron que uno de los fundamentos del sistema acusatorio del país es la publicidad, y esta medida les impide asistir a los juicios en curso a menos que un alguacil los escolte hasta la sala de juicio, situación que se complica si son flagrancias y les asignen un defensor público, porque el detenido desconoce el nombre de su defensor. “Están aniquilando paulatinamente a la defensa privada", sentenciaron.

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